En dos meses los ciudadanos mexicanos estarán convocados nuevamente a las urnas, ahora para participar en un ejercicio de consulta para la eventual revocación del mandato emitido hace tres y medio años a favor de quien hoy ocupa la Presidencia de la República. El resultado de esta consulta es incierto por múltiples motivos. Hagamos por ello un recuento de algunos de los factores que pudieran incidir en el saldo que tendrá este inédito ejercicio.
El alcance de la consulta
La diputación federal decidió, al aprobar el presupuesto para este año, no otorgarle al órgano administrativo electoral nacional los recursos demandados por éste para poder realizar una entonces factible y hoy cierta consulta sobre revocación del mandato para el Ejecutivo federal en funciones. Al tomar esta decisión, y luego de la intervención de múltiples instancias competentes, se cercenó la posibilidad de cumplir puntualmente con lo deseado y establecido constitucionalmente: que se abrieren tantas casillas para emitir votos en esta consulta como en una elección ordinaria. Así, con los recursos de los que dispone el Instituto Nacional Electoral será posible que se instale tan sólo una fracción (al momento de redactar esta nota todavía indefinida) de esta cantidad de puntos de votación. Eso, si bien alejará los lugares donde se podrá votar, no impedirá que todos los ciudadanos puedan emitir su sufragio, puesto que habrá una boleta para cada elector registrado y el tiempo requerido para la emisión del voto en esta consulta será menor que el que reclama llenar la elevada cantidad de boletas que suelen llenarse en cada elección ordinaria. Entonces, será totalmente viable recabar la opinión de todos los ciudadanos que acudan con la intención de participar en esta consulta, aunque la distancia media que se tendrá que recorrer para llegar al centro de votación sea mayor.
La pregunta y las respuestas
En la consulta se planteará una pregunta complicada de entender, aunque correspondiente a lo propuesto por el órgano legislativo e impulsado por el partido del propio gobernante. Para muchos, esta pregunta es redundante y avala la voluntad de que el voto que se emita pueda entenderse como un aval ratificatorio. Sin embargo, la opción de haberla recortado tampoco hubiera sido balanceada, puesto que desde hace décadas se sabe que no es lo mismo preguntar a las personas si están de acuerdo con algo o si están de acuerdo o en desacuerdo con ello, pues cuando sólo se pregunta en positivo se induce la aprobación del cuestionamiento. Pero, en fin: en el fondo todo esto es intrascendente, porque la consulta no será producto de una demanda efectivamente ciudadana, sino de un esfuerzo oscuramente promovido con el concurso de organizaciones partidarizadas y servidores públicos para dar cauce al interés ególatra del gobernante. Eso, al margen de las críticas por los muertos que firmaron en apoyo a la realización de la consulta, aunque algunos pudieran ser muy recientes, y por los errores, omisiones y falseamientos de la información compilada sobre estos ciudadanos, que en parte pudieron ser detectadas en un ejercicio de revisión efectuado por la autoridad, aunque ésta lo haya encargado a personal que carece de la certificación requerida para realizar peritajes formales, por lo que a la simulación de los apoyos reales se sumaría lo laxo de la labor de validación. Ahora habrá que esperar a ver si se alcanza una votación que represente cuarenta por ciento o más del electorado para que tenga alguna validez la consulta, lo que no será sencillo, en el entendido de que si gana la opción de mantener al gobernante, el resultado se usará para fines propagandísticos y que, en el improbable caso de que gane la opción revocatoria, este resultado será fácilmente impugnable, pues elegimos a una persona para que gobernara por seis años, por lo que debiera cumplir este mandato. Todo esto hace que este ejercicio sea inútil, fútil, y que la adopción de estas fórmulas plebiscitarias menoscabe realmente la auténtica democracia.