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Delincuencia organizada y gobierno atacan a la prensa

Libertad de expresión bajo acoso por parte del titular del Ejecutivo y su séquito. | Adolfo Gómez Vives

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Escrito en OPINIÓN el

Diecisiete periodistas fueron asesinados en Veracruz durante la administración de Javier Duarte. En todos los casos se pretendió desacreditar la labor periodística como móvil de los homicidios.

En enero de 2015, José Moisés Sánchez Cerezo, fue secuestrado y asesinado por un comando de policías, sin que las indagatorias del caso hubieran sido atraídas por la Procuraduría General de la República, a pesar de que se trató de un delito contra la libertad de expresión. A Moisés Sánchez no se le reconoció su calidad de periodista, porque sus principales ingresos provenían de su actividad como chofer de un taxi.

El 31 de enero de este año, asesinaron al periodista Roberto Toledo, colaborador del medio informativo Monitor de Michoacán. Durante ese mismo mes, también fueron asesinados los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa.

Pero el flamante vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas —al más puro estilo del exgobernador Duarte— pretende descartar la labor periodística de Roberto Toledo como móvil de su homicidio.

Opina en Twitter el estulto vocero que Roberto Toledo “se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista”; quizá supone que su conocimiento del hecho es equiparable al del Ministerio Público o al del juez de la causa.

Su desdén por el trabajo periodístico de Toledo se suma al desinterés de la Fiscalía General de la República por atraer la investigación de este delito.

A la violencia sistemática contra la prensa en México se suma la violencia verbal del presidente de la República y de su séquito. Es ya la segunda ocasión en que el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, se manifiesta contra los ataques a la prensa, que se producen desde el púlpito mañanero.

En julio pasado, Vaca Villarreal cuestionó la sección dirigida por Elizabeth García Vilchis, denominada “Quién es quién de las mentiras” y pidió que la labor informativa de Presidencia de la República se apegue a estándares internacionales de derechos humanos.

La semana pasada, el relator de la CIDH volvió a exigir la suspensión de la sección, porque “enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas”, además de que “envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa”.

Los ataques al trabajo periodístico, proferidos por Andrés Manuel López Obrador y su séquito, no son cuestionamientos inocentes. Tienen el interés de combatir a las voces disidentes, particularmente aquellas que exhiben la corrupción emanada de los integrantes del gobierno federal y de sus familiares.

Las estrategias del gobierno de López Obrador contra la prensa se asemejan mucho a las de la delincuencia organizada. Sólo cambia —hasta ahora— el grado de virulencia con que se agrede a quienes ejercen la libertad de expresión.