Una condición sine qua non para una alternancia en el Ejecutivo federal que pudiera darse en las elecciones de 2024 es que las principales organizaciones de oposición se coaligaran para respaldar a un único candidato. Entre más inclusiva esta alianza, mayor la viabilidad de alternancia, a pesar de que una coalición que sumara a todas las fuerzas no vinculadas con la coalición gobernante no estaría asegurando un triunfo opositor, pero lo haría más probable.
El potencial de una alternancia
Pero, ¿qué pasa con el legislativo? Ya se vio en las elecciones intermedias de 2021 que es viable impedir que el partido mayor por sí sólo alcance la mayoría de asientos y que es posible evitar que sume con sus aliados la cantidad de curules necesarias para una mayoría calificada. Y se sabe que históricamente las mayorías en legislativos locales dependen de la corriente predominante en la pista federal, al menos en elecciones concurrentes. Sin embargo, resulta difícil pensar que una coalición opositora, por más amplia que sea, logre una mayoría calificada, aunque sea muy factible que alcance los asientos indispensables para una mayoría simple, incluso en la Cámara alta.
Esto lleva a pensar que una alternancia no podría desmantelar de manera sencilla los cambios normativos impulsados o impuestos por la autoproclamada Cuarta Transformación. El hecho de que muchos de ellos hayan requerido de reformas constitucionales lo hace sumamente difícil, a la vez que refleja que la construcción de este proceso de ajustes tuvo un respaldo convenenciero y cómplice de algunas de las fuerzas que pudieran integrar un bloque opositor. Algunas veces no se tomó con la debida seriedad la magnitud y relevancia de los cambios propuestos, como pudo ser el caso de la revocación de mandato; y en otros simplemente se reveló la coincidencia ideológica entre lo que se propuso y los intereses de los supuestos oponentes.
La posibilidad de una continuidad
Pero hay algo más: algunos de los elementos que hoy se cuestionan por sostener un modelo de creciente concentración en un mando unipersonal datan de antes del arribo al poder del actual gobernante. Son herencia del pasado y de una lógica contraria a la poliarquía. En unos casos, se legisló rumbo a un cambio pero no se llegaron a consolidar administrativamente las reformas, como pudiera ser las de control de la corrupción; en otros, simplemente se establecieron reglas que pretendieron favorecer la estabilidad y el control ejecutivo, como la demanda de mayoría calificada en el Poder Judicial para revertir decisiones cuestionablemente constitucionales resueltas por el legislativo, la resistencia a llevar adelante cambios que igualaran votaciones con derechos a curules o mantener los nombramientos en instancias autónomas u otros poderes sujetos a una propuesta presidencial originaria, aunque tuvieran que ser ratificados por el legislativo.
Una auténtica agenda de cambio llamaría al voto no sólo para alternar en el Ejecutivo o lograr una nueva mayoría legislativa simple, sino para proponer reformas que den auténtica autonomía a los órganos supuestamente autónomos, como la corte, la banca central, el órgano electoral y la fiscalía general, con nuevas fórmulas constitutivas de sus mandos, lo que supone conformar no sólo una coalición electoral potencialmente ganadora, sino una amplia alianza con la sociedad que incluya las fracciones no autoritarias de la actual mayoría, que tendrían que sumarse para lograr un cambio auténtico, no un retorno a las viejas formas que quite el poder de las manos personalísimas de un gobernante para pasárselas a otro, este sí moralmente bueno desde la óptica de una nueva mayoría. No se trata de pasarse la bolita, sino de convertir a México en una verdadera democracia.