Con fecha 29 de noviembre de 2022 la SCJN validó de forma oficial el acuerdo por el que se dispone que la fuerza armada permanente pueda llevar a cabo tareas de Seguridad Pública, mientras se consolida la Guardia Nacional. Esta validación brinda certeza jurídica para normar la actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas, en épocas de Felipe Calderón sólo fueron enviados a las calles sin un marco jurídico, acción que hoy mantiene a personal militar en diferentes cárceles.
Sin embargo, muchos opinólogos y eruditos de la filosofía del derecho, mantienen una crítica deformada fuera de toda lógica y razonamiento, muchos combinan las esferas jurídicas del fuero militar con las del fuero común, utilizándose palabras como militarización y militarismo tratando de presentarlas como parte de una supuesta represión del gobierno, cuando por definición esto no es aplicable en México.
Para hablar de una posible dictadura tendrían que existir condiciones similares a las ocurridas en algunos países latinoamericanos, en donde la gobernanza es dirigida por una junta o un comité integrado por la dirección de un Estado Mayor o gabinete exclusivo de militares, esa es la gran diferencia entre unos y otro.
Ahora bien, estos mismos ‘eruditos’ quieren ver a los Guardias Nacionales protagonizando aprehensiones en las paradas de los microbuses, pero no es así. En primer lugar, la decisión de que fuera extinguida la Policía Federal, se debió al informe que recibió nuestro presidente. Donde quedó muy claro que el uso del presupuesto y la forma de trabajo de este personal, no era acorde con los objetivos para iniciar los cambios de paradigmas que se requerían en materia de seguridad pública. Porque anteriormente, este aparato sólo obedecía a un sistema de corrupción que beneficiaba a algunos, y por lo tanto tenía que ser desmantelado. Por fortuna al día de hoy podemos comprobar los buenos resultados, –que se han dado de manera progresiva–, por medio de los datos duros en sus aseguramientos y detenciones, a pesar de la metamorfosis que está sufriendo este cuerpo para adaptarse a la proximidad social.
En segundo lugar, dentro de nuestro sistema de gobierno, existen tres niveles de gobierno, iniciando por el Municipal, el Estatal y por último el nivel Federal. Por consiguiente, cada entidad federativa goza de soberanía y autonomía propias en su régimen interior, en este sentido, para que pueda participar el ámbito Federal, se requiere de una solicitud y autorización del Congreso Local, para que no exista una intervención y se viole la inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, muchos vociferan que es responsabilidad del gobierno federal, sin tomar en cuenta que existe una enorme omisión por parte de los funcionarios públicos estatales y sus fiscalías que forman parte de cada una de las entidades federativas. En consecuencia, cuando existe un tejido de redes de complicidades se provocan los fenómenos que producen macro-criminalidad e incide en cada uno de los delitos de alto impacto, los cuales, en su mayoría son del fuero común y sólo hasta que se recibe la solicitud y la aprobación del congreso local, es cuando se convierte en competencia del ámbito del fuero federal, justificándose entonces la intervención debido a la alza de la problemática multifactorial de delitos federales y de delincuencia organizada.
Es importante señalar que la definición que utiliza la Secretaría de Gobernación a la letra dice:
“…Entidad federativa o Estado: Unidad delimitada territorialmente que en unión de otras entidades conforman a una nación. En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso en relación con cuestiones decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional, ya que sus poderes son efectivamente irrevocables. En México, se denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del Estado federal. Para algunos doctrinarios la autonomía de que gozan las entidades federativas es su característica esencial. Dicha autonomía se hace patente cuando se observa que cada entidad puede elaborar su propia Constitución y los procedimientos para su reforma. No obstante, la Constitución federal señala los lineamientos centrales a los que debe sujetarse la entidad federativa para su organización, la división del poder público para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y su integración. Cabe recordar que la Carta Magna indica que, en lo concerniente a su régimen interior, nuestra República es representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos pero unidos en una federación…”
Por lo anterior, es una falacia todo aquello que el gobierno federal sea el primer responsable, cuando la principal responsabilidad de sus problemáticas recae en sus gobernantes y funcionarios públicos que integran el gabinete y las dependencias que forman parte de cada una de las entidades federativas y municipios.
Por último, queda claro que la seguridad publica será el tema primordial en los días, meses y años que le restan a este sexenio, pero que desafortunadamente no cuenta con la objetividad que el tema merece. Muchos especialistas que sí conocen del tema lo alteran a conveniencia y hay otros empeñados en justificar todo lo que hagan los gobiernos tanto municipales, estatales y federales.
La realidad es clara, cada quien busca crear una narrativa que les favorezca porque lo asocian con una idea política que les convenga de acuerdo a la percepción del grupo al que buscan que vote por ellos. La seguridad pública se ha politizado a tal grado que los estados de la República que tienen los índices más altos de violencia e inseguridad y menos policías estatales y municipales, votaron por no aceptar la participación de las Fuerzas Armadas del Ejército y Armada de México, pero son incapaces de tener capacidad de reacción ante el alza de los índices de criminalidad. Esto solo sirve para justificar su incompetencia y corrupción. Aplican la máxima de que si las cosas salen bien fue acierto de ellos pero si salen mal es culpa de los contrarios. Así, simplemente, no se puede atacar de lleno la inseguridad. El discurso desgastado de militarización o militarismo ya no funciona debido a que la sociedad está cada vez más despierta e informada.