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Con ánimo de joder

A los dubitativos diputados “de oposición” acabaron por convencerlos en los despachos del Ejecutivo. | Adriana Ochoa

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Escrito en OPINIÓN el

El 30 de agosto pasado, el juzgado Tercero de Distrito que otorgó el amparo definitivo a Xavier Nava Palacios contra el proceso de inhabilitación que le fincó el Congreso del Estado en diciembre de 2021, adelantó el criterio final que guió la suspensión otorgada: el objeto de este juicio no es la supuesta violación de un amparo de ejidatarios que el Congreso de mayoría gallardista alegó como motivo, sino “las violaciones procesales que tuvieron lugar en el trámite de un juicio político instaurado en contra del quejoso”.

En enero de este año, el nieto del extinto líder civilista Salvador Nava Martínez había obtenido la suspensión, un primer motivo de bochorno para un Congreso del Estado que cantó la inhabilitación con bocinas mediáticas como “irreversible”.

Después de esa suspensión, el Legislativo promovió una queja, alegando que la Constitución local establece como irrecurribles todas las declaraciones y resoluciones del Congreso. La presidenta de la mesa directiva del Congreso en ese momento, la priista Yolanda Cepeda y el jurídico, adujeron también intromisión de un poder sobre otro, una verdadera bagatela sostenida en dos patas de cuatro.

El tema del juicio político es un reclamo ejidal, se entiende que auténtico, sobre la propiedad de un terreno sobre el que va el periférico de la ciudad de San Luis Potosí, una traza vial de jurisdicción estatal. Para resolver un tema de flujo vial en un cruce del con vialidades de colonias populares, el ayuntamiento capitalino que presidía Nava inició la construcción de un puente con incorporación con brazo de descenso a carretera federal 57.

El gobierno estatal, entonces con el priista Juan Manuel Carreras López como titular, no sólo convino con la alcaldía capitalina la realización de esa obra, sino que otorgó el soporte técnico a través de la Junta Estatal de Caminos.

Ya con la obra en camino, aparece un juicio de amparo promovido por el Comisariado Ejidal del Ejido Rancho Viejo La Libertad", que señala como autoridades responsables al gobierno estatal, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, a la Junta Estatal de Caminos y a la Dirección de Obras Públicas del municipio. Su motivo de queja es que presuntamente la obra invade propiedad ejidal, la misma que hasta la fecha no han podido comprobar de manera fehaciente porque se basan en que el oficio emitido por el Registro Agrario Nacional con la referencia de dotación original del ejido, no su situación actual.

La traza de ese periférico y la formación de una zona industrial fue posible con una serie de expropiaciones realizadas desde 1963 a ejidos y una comunidad, entre ellos el Ejido la Libertad. Hay además un derecho de vía desde 1973. Todo eso modificó lo que los promotores del reclamo ejidal presentaron como prueba de que la obra se encontraba dentro del Ejido quejoso, ello partiendo de la afirmación.

La demanda ejidal pidió parar todo en el fárrago de los tribunales agrarios y que ayuntamiento continuó la obra hasta su conclusión, porque desde su documentación disponible, incluidos planos de desarrollo urbano de distintas fechas, expropiaciones y modificaciones, no se cumplía la exigencia de millonaria indemnización los promoventes del amparo, éste muy lejos todavía de hallar la certeza documental de propiedad que dicen poseer los demandantes. Del amparo, los representantes de los ejidatarios se fueron al juicio político por la inhabilitación de Xavier Nava.

Llegado el gobierno del exalcalde soledense Ricardo Gallardo Cardona, cuyo padre perdió en 2018 la reelección a la alcaldía capitalina con Nava Palacios, el camino de ese juicio se aceleró. Había además otros agravios: 11 denuncias de la administración de Nava en contra de la de su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez, por un amplio abanico de señalamientos de corrupción y malos manejos. Algunas de esas denuncias fueron a manos de la SIEDO, con el decepcionante fiscal Santiago Nieto; otras están en los archivos de la desdentada Fiscalía Anticorrupción de San Luis Potosí. De ninguna se sabe en qué punto va…, si es que va.

El gobierno de Gallardo tiene mayoría en el Congreso, con diputados de su partido el Verde, los del PT, sus aliados de Morena y, lo más lastimoso por cuanto se espera de un legislador de oposición, los votos de miedo, conveniencia o vulgar “cargada” de los diputados del anterior gobierno priista y de los panistas con los que el exalcalde terminó mal y encaminado a la perdedora búsqueda de reelección con el registro de Morena.

Se formó la Comisión Instructora en el Congreso, se citó a Nava Palacios para que se cumpliera el derecho de audiencia a su favor. El ex alcalde pidió lo obvio: que los promotores de los reclamos ejidales presenten las pruebas documentales de propiedad de los predios que reclaman. Y punto. Desde luego, eso no fue posible, pero la instrucción superior era inhabilitarlo ya, con los integrantes del cabildo que lo acompañaron en la decisión del puente.

Fueron precisamente priistas y panistas quienes advirtieron que declarar la inhabilitación de Nava a las volandas, porque el titular del Ejecutivo así lo estaba pidiendo, era arriesgado porque no se cumplían las formas.

A los dubitativos diputados “de oposición” acabaron por convencerlos en los despachos del Ejecutivo y se dictaminó la inhabilitación “irreversible” de Xavier Nava Palacios por 18 años, es decir, se dictaminó su desaparición política, si se toma en cuenta que la misma sanción para Emilio Lozoya Austin, el corruptete exdirector de Pemex, es de diez años.

La queja del Congreso fue desechada y el dictamen es bastante ilustrativo. Los diputados quisieron meter al Poder Judicial Federal en el mismo fárrago agrario y los juzgadores les pararon el carro de guerra: ese no es el motivo de la suspensión, que ni les llevaran ya la alegadera de los enmohecidos archivos agrarios, sino el proceso mismo, una notoria intención de joder, un panzer oxidado, desatinado y burdo que arremetió contra un adversario político.

El Congreso apelará. Y la alcaldía de Enrique Galindo Ceballos, que pagó una millonaria indemnización a los promotores de los amparos ejidales sin demostrar la propiedad, estará atenta sin duda, porque igual y el actor de un juicio, político o administrativo, termina siendo él.

El panzer de los ataques “irreversibles” por lo pronto se destartaló en un barranco.