SEGURIDAD Y JUSTICIA

Minúsculos

Para AMLO, las instituciones del Estado no pueden tener mayor estatura que la de su insignificancia. | Adolfo Gómez Vives

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Escrito en OPINIÓN el

El cuatro de abril del 2013, la entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, dio a conocer la detención en la Ciudad de México, de un comando que, de acuerdo con información del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pretendía asesinar a los hermanos David y Ricardo Monreal Ávila.

Y aunque el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no es más que el mismo Cisen, pero con otra denominación y nueva adscripción —pues ahora depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza la periodista Rosa Icela Rodríguez—, fue incapaz de descubrir con antelación el atentado de que sería objeto el periodista Ciro Gómez Leyva.

Los documentos hackeados al Ejército Mexicano por Guacamaya Leaks, dan cuenta de las labores ilegales de espionaje que realiza el instituto armado a periodistas. Dicho de otro modo: el gobierno federal, utilizando un poder no concedido por la Constitución ni por las leyes y sin la autorización respectiva por parte del Poder Judicial —como correspondería en todo caso— se dedica a espiar periodistas, pero no de delincuentes, por lo que termina siendo inútil a la hora de prevenir un ataque armado contra un comunicador.

Las instituciones de inteligencia y seguridad, tampoco fueron eficientes a la hora de prevenir el asesinato de ambientalistas como Samir Flores Soberanes o Francisco Vázquez Domínguez, opositores a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, Morelos. Obra, por cierto, que López Obrador decidió que era “buena” y cubrió de legitimidad con una encuesta realizada por los “servidores de la Nación”, en abierta contravención del mandato establecido en la fracción VIII del 35 constitucional.

La ineficacia de las instituciones de inteligencia y seguridad, no parece ser asunto de preocupación para Andrés Manuel López Obrador. Ello se explica por el hecho de que él mismo se ha convertido en policía de investigación, elemento de la Guardia Nacional, agente del Ministerio Público, juez de control y de juicio oral; víctima y ofendido en todos los hechos delictivos que ocurren en este país.

La delincuencia organizada “se porta mal” cuando cobra derecho de piso, roba hidrocarburos o asesina, pero es aliada, si de impulsar a candidatos de Morena se trata.

La inutilidad del gobierno de López Obrador es directamente proporcional a su empeño por exprimir su espacio propagandístico mañanero, desde el cual pretende posicionar todos los días, la idea de que él es El Magnífico, el demócrata por excelencia, el perdonavidas descendiente directo del rey Salomón; el que sufre los embates de “los conservadores” (cualquier cosa que signifique el término).

Él es ejemplo de moralidad y ética, aunque en lo que va de su gestión haya debilitado a todas las instituciones del Estado, porque un prohombre de su talla universal no puede permitir poderes contestatarios ni servidores públicos que le hagan sombra. Sus fieles son su todo.

El reportaje del académico Guillermo Sheridan, publicado en LatinUs, exhibe ahora a una integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una vulgar plagiadora y, tristemente, abre otro espacio de corrupción al interior de la Máxima Casa de Estudios.

Al atreverse a calificar como “falso” que la tesis de la ministra Yasmin Esquivel Mossa haya sido resultado de un plagio, su asesora, Martha Rodríguez Ortiz, ha dado pauta a que investigadores como Juan Ortiz documenten en tuiter un patrón de plagios relacionados con la docente.

Allí están los casos de las tesis: La constitución de los sindicatos de los trabajadores de confianza, de 2008 y El sindicato de los trabajadores de confianza y el recuento, de 2010. Bien harían las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México en abrir una investigación sobre estos hechos y, de ser el caso, denunciar los delitos ante las instancias competentes. No queda claro que el Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, vaya a tomar acciones contra la favorita del presidente de la República para presidir el máximo órgano judicial. Al fin que todos resultaron ser minúsculos personajes de la farándula mañanera.