En lo que va de este gobierno han sido asesinadas al menos 37 personas que ejercían el periodismo por lo que, es probable que en los poco menos de dos años que restan a la administración del presidente López Obrador se superen los 48 homicidios que, de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19, se presentaron durante el sexenio de Felipe Calderón -en el de Peña Nieto se contabilizaron 47-. Tan sólo en este 2022 se rebasó la cifra máxima de 12 periodistas asesinadas en 2017 con 14 casos según los últimos informes.
Por su parte, Reporteros Sin Fronteras ha clasificado a México como el país más peligroso del mundo para la prensa superando a países en guerra como Ucrania, al reunir el 20% del total de profesionales de la información que han sido ultimados en el periodo reportado. Además, la organización Causa Común ha registrado 2 mil 300 agresiones contra la prensa desde diciembre de 2018, es decir, un ataque cada 14 horas.
La situación es verdaderamente preocupante ya que toda agresión contra una persona periodista lo es también contra la sociedad y la democracia como bien lo apunta Raúl Trejo Delarbre. Independientemente de las circunstancias en que se haya cometido, cada agresión representa un atentado contra la libertad de expresión y de prensa, contra el derecho de la sociedad a estar informada.
Pero lamentablemente parece que lo único que importa es la disputa política con miras a las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila y, sobre todo a las presidenciales del 2024, como se evidenció en el reciente caso de Ciro Gómez Leyva. Lo relevante no está en si Gómez Leyva cae bien o mal o se coincide o no con su trabajo, se trata de uno de los comunicadores con mayor audiencia -sobre todo en su programa de radio- y es indispensable que se identifique y detenga a los autores materiales e intelectuales del intento de homicidio que afortunadamente se frustró gracias al blindaje de su camioneta, como también lo es que se esclarezca el atentado contra Flavio Reyes ocurrido el mismo día en Chiapas, y los asesinatos de José Luis Gamboa, Sheila García, Yesenia Mollinedo, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Fredid Román, Juan Arjón, Ernesto Méndez, Alán González así como de cada una y uno de los demás periodistas. También se deben investigar las amenazas contra Azucena Uresti y Yohali Reséndiz entre muchas más, y garantizar su seguridad, pero ya se ha visto que de poco sirven los mecanismos de protección del gobierno.
Esa debe ser la principal exigencia social y también la prioridad de las autoridades, sin embargo, lo que hemos visto en estos días son insinuaciones sin ningún sustento o siquiera algún indicio razonable respecto a la posible participación del gobierno al igual que la versión alimentada desde Palacio Nacional sobre un auto atentado. Es increíble que la discusión pública gire en torno a irresponsables acusaciones o se cuestione que un periodista use un vehículo blindado -que para muchos voceros del oficialismo presupone que andaba en malos pasos-. Es preocupante que el presidente insista en arremeter cada mañana contra las voces críticas. Nadie pide que guarde silencio y desde luego está en su derecho de dar respuesta y defender sus decisiones, posturas o políticas gubernamentales, pero con datos, argumentos y siempre con respeto, no a partir de descalificaciones o adjetivos hasta ofensivos. Nada justifica que un par de días antes haya dicho que a quienes escuchan a Gómez Leyva, Loret o Sarmiento les puede salir un tumor en el cerebro. Es inaceptable para un Jefe de Estado. Como bien señala el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, “las y los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades. México está obligado a cumplir con su obligación de garantizar su seguridad, pues de lo contrario no sólo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia contra los medios”.