En medio de la discusión de la reforma electoral, pasó a un segundo plano la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal que el presidente de la República presentó. No obstante, es importante seguirle la ruta.
La iniciativa de reforma busca, entre otras cuestiones, habilitar a los magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior para postularse a la Presidencia del Tribunal. Dicha Presidencia se renueva en los primeros días del año próximo y es elegida en votación por los integrantes de la Sala Superior.
Que se habilite a los magistrados de la Tercera Sección para presidir a la Sala Superior tiene al menos dos implicaciones. La primera es concierne a las funciones de la Tercera Sección: esta es la encargada de resolver los casos de faltas graves de funcionarios públicos. Que no pudiesen postularse a la Presidencia del Tribunal tiene una razón: alejarlos de la política interna que necesariamente se requiere para obtener los apoyos internos, y las naturales expectativas políticas que se abren desde la Presidencia de un órgano del Estado. La configuración que las reformas anticorrupción diseñaron para tales magistraturas hacían a un lado las expectativas de quienes aceptaran el nombramiento.
La segunda implicación es política: habilitar a magistrados nombrados recientemente por el actual presidente de la República muy próximamente a la renovación de la Presidencia del Tribunal, inevitablemente se lee como la intención de avanzar en el control del Tribunal.
¿Por qué es importante el Tribunal? Porque tiene a su cargo revisar la legalidad de los actos de la Administración Pública Federal. Por ejemplo, si hay actos ilegales, puede anularlos; si se causan daños, ordena indemnizaciones; si hay problemas con los contratos de obra pública o con los proveedores, el Tribunal resuelve; si hay procedimientos por corrupción, el Tribunal decide.
El Tribunal tiene pues una función estratégica en la efectividad de las políticas y decisiones de la Administración. No requiere mayor prueba la afirmación que este presidente ha mostrado abiertamente intolerancia ante decisiones adversas de los tribunales al grado de acosar y amedrentar a los jueces desde su posición de poder e influencia. Ampliar la influencia desde dentro del Tribunal sería algo natural ante esta forma de entendimiento del poder.
La iniciativa de reforma a la Ley del Tribunal fue aprobada apresuradamente en la Cámara de Diputados y era previsible que así sucediese también en Senadores; sin embargo, algo sucedió que la discusión se envió al siguiente periodo de sesiones.
Esta pausa que desde la perspectiva de preservar la seriedad en la discusión parlamentaria resulta pertinente, posibilitaría una discusión más informada y serena en el Senado; tiene también, como se ha visto, una vertiente política. Por una parte, se desfasa el sentido oportunista de la Iniciativa. Si la renovación de la Presidencia del Tribunal se da respetando la temporalidad en la que debe darse, los magistrados de la Tercera Sección no podrán postularse, al menos para el periodo que viene. Si la Iniciativa se archiva se confirmaría que su propósito fue coyuntural. La decisión en el Senado, verbalizada por la Senadora Sánchez Cordero también rompió la secuencia esperada (la aprobación inmediata y acrítica).
La senadora Sánchez Cordero se pronunció por no legislar sobre las rodillas, lo cual por supuesto es una actitud responsable, pero extraña cuando tratándose de iniciativas de interés presidencial lo que domina es el apresuramiento.
Ya veremos el destino de la Iniciativa presidencial en el siguiente periodo de sesiones y, por supuesto, la definición que el Tribunal realice en los próximos días sobre su Presidencia.