REFORMA ELECTORAL

Maniatar al árbitro

La “reforma” electoral promovida por el gobierno tiene un objetivo y solo uno: debilitar y maniatar al árbitro. | Ivonne Ortega

Escrito en OPINIÓN el

A la velocidad del servilismo, la bancada legislativa del régimen recibió y procesó la semana pasada en la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas a leyes secundarias en materia electoral enviada por el gobierno federal, el llamado Plan B (mejor conocido como Plan V, de venganza) del presidente, echado a andar después de que su intento de reforma constitucional electoral fuera rechazado y pasara a la historia por falta de votos.

En la Cámara Baja se hizo de todo para acelerar la aprobación del proyecto secundario del presidente, incluyendo añadidos de última hora para “amarrar” los votos de los partidos adjuntos al oficialismo, es decir el PVEM y el PT, que al final resultaron inconstitucionales.

La “reforma” electoral promovida por el gobierno tiene un objetivo y solo uno: debilitar y maniatar al árbitro.

Tan solo en su exposición de motivos, se deja en claro que todo es contra el INE, contra los tribunales, el gobierno y su partido quieren reducir al INE hasta su más pequeña expresión para que no pueda organizar adecuadamente las elecciones, que no pueda sancionar las irregularidades, y que los tribunales se vuelvan lentos y disfuncionales. 

Un botón de muestra: ante las sanciones anunciadas a la y los aspirantes presidenciales de Morena por su descarada campaña anticipada e ilegal, sencillamente le quitan al INE y a los tribunales la facultad de cancelar registro a partidos y candidaturas que violen reiteradamente las leyes.

Con total descaro el régimen nos anuncia que violará las leyes a diestra y siniestra ahora a sabiendas de que lo más que recibirán de castigo son multas.

Otro botoncito: desde la ley secundaria, descuartizan al INE, le quitan funciones, personal y patrimonio, eliminan el servicio electoral de carrera y hasta destituyen al secretario ejecutivo a través de un transitorio. Así trata el gobierno la autonomía de las instituciones.

La joya fue el aprobar que los partidos electoralmente aliados puedan intercambiar votos para garantizar el registro de los que menos votación obtuvieron, como si la voluntad ciudadana fuera moneda de cambio para obtener presupuesto, como si este tipo de argucias no estuvieran prohibidas desde hace más de una década, por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La obsequiosidad, que raya en servilismo, se vuelve más evidente en el tiempo que tardaron las legisladoras y los legisladores del oficialismo en aprobar lo que normalmente, éticamente, responsablemente, debería llevar semanas o meses: una noche.

Una noche de fast-track y se fue al Senado, donde quedó en evidencia que más de la mitad de lo aprobado por la bancada de diputados oficialistas es absolutamente inconstitucional, violatorio de toda lógica democrática y en ocasiones del sentido común.

Y aquí lo que era reprobable se volvió lamentable. El secretario de gobernación Adán Augusto López en conferencia de prensa reconoció sin tapujos que había cuestiones inconstitucionales en lo aprobado por “sus” diputadas y diputados, pero que ya estaba en pláticas con las bancadas oficialistas para “corregir” el documento. ¿Y la división de poderes?

A cada paso que da el proceso legislativo (es un decir) de la reforma electoral tóxica y regresiva del presidente y su partido, queda más que evidente la intención de hacer trampa en los procesos electorales que se avecinan, de maniatar al árbitro y a los tribunales para que las violaciones a la ley queden impunes.

Pero lo que no están considerando en el bloque oficialista es el juicio de la ciudadanía, y de la historia. Ese camino de ignominia por el que agreden y violentan a nuestras instituciones y nuestra democracia es también la exhibición de lo peor del régimen, su talante autoritario y antidemocrático.

Seguiremos dando la batalla para combatir los excesos del gobierno, vale la pena. La ciudadanía se da cuenta y pronto se sumará, como en la marcha de la democracia, para frenar las intentonas de un régimen que no quiere competir con reglas justas, que no quiere jugar limpio.