De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), durante el año fiscal 2022 y lo que va del 2023, por la frontera con México cruzaron ilegalmente 2.6 millones de migrantes y los decomisos de droga registraron un monto de 140 toneladas. En el caso de la inmigración ilegal, la cifra es 37% más que el récord anual anterior registrado en 2021, mientras que la incautación de droga disminuyó en un 30%.
Si bien estos números hacen que la atención pública se centre en ellos, los cambios en la composición tanto del origen de los migrantes como del tipo de droga cuentan una historia más allá de las cifras que deben hacernos reflexionar sobre lo que pasa dentro y fuera de la región más dinámica del mundo.
Respecto a la inmigración, es evidente que en 2022 no sólo aumentó drásticamente, también los países de origen cambiaron. De las 18 nacionalidades de migrantes ilegales que más fueron detenidos por autoridades estadounidenses, 12 provienen de países latinoamericanos, y aunque los mexicanos encabezan la lista, en 2022 por primera vez se encontró a muchos más venezolanos, nicaragüenses, cubanos y colombianos queriendo ingresar a Estados Unidos, pero también se registraron aumentos significativos en los ingresos ilegales de peruanos y haitianos.
La migración ilegal proveniente de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia pasó de 143,663 detenidos en 2021 a 697,762 en 2022, número que supera con creces a los 541,618 migrantes detenidos de El Salvador, Guatemala y Honduras, países que por más de una década lideraron la mayor parte de los ingresos ilegales a territorio estadounidense, incluso, también en 2022 por primera vez, los países centroamericanos registraron una disminución del 23% con respecto al 2021 en emigración hacia Estados Unidos.
Esta transformación de los flujos migratorios es provocada por una combinación de causas económicas y políticas, así como la aplicación, o ausencia, de políticas tanto estadounidenses como binacionales y regionales. El éxodo por factores de inestabilidad económica y política de más de 7 millones de venezolanos desde 2015 se dirigió a países vecinos, no obstante, hoy su destino es Estados Unidos, como lo muestran los 187,716 venezolanos detenidos por CBP en 2022. Por su parte, los nicaragüenses han cambiado Costa Rica por el vecino del norte, uniéndose a los flujos migratorios que atraviesan México y con ellos los cubanos y colombianos.
A las motivaciones para emigrar, se suman las capacidades desbordadas de procesamiento e infraestructura de las autoridades de inmigración estadounidense que están tomando años de espera para conceder peticiones de asilo, además de los distintos criterios para aplicar políticas migratorias. Por ejemplo, la aplicación del Título 42, una orden de salud pública de los años 40 rescatada por Donald Trump, autoriza a las autoridades migratorias estadounidenses a expulsar directamente a algunos migrantes a México o a su país de origen, pero ello depende en gran parte de la nacionalidad, de los acuerdos de repatriación entre Estados Unidos y el país de origen, así como de los acuerdos con México para aceptar el retorno de los que no son mexicanos; en este supuesto recaen aproximadamente 45% de los migrantes detenidos durante 2022. Otro ejemplo es la falta de acuerdos de repatriación entre Estados Unidos y los países de origen, así como las relaciones diplomáticas; en el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, éstas últimas están debilitadas y junto con la represión política y las dificultades económicas en esos países, hacen prácticamente imposible repatriar a los migrantes de forma segura.
Aunque no hay soluciones sencillas, la evolución de los flujos migratorios subraya la necesidad de una nueva estrategia que incluya el fortalecimiento de la protección de los migrantes y las capacidades institucionales estadounidenses y mexicanas (éstas últimas enfrentan dificultades similares a las de Estados Unidos para administrar a los migrantes), así como de la cooperación regional para combatir el tráfico de personas y la corrupción. Un paso en ese camino es la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, pero es necesario concretar objetivos y medición de resultados y ver más allá del volumen de migrantes que llega a la frontera México-Estados Unidos, pues la migración está afectando a otras partes del continente; por ejemplo en el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, ya se percibe un incremento migratorio con destino a Estados Unidos que seguramente atravesará Centroamérica y México.
Sin duda, el nuevo congreso estadounidense que toma posesión en enero de 2023 y ahora en manos de republicanos, tiene presente esta situación. Su mandato seguramente tendrá la tarea de reducir la inmigración ilegal y asegurar la frontera, ¿cómo? No lo sabemos, pero una cosa es muy probable, las protestas de extrema derecha en Estados Unidos se harán sentir con voces de alarma, que argumentan que la frontera con México no está lo suficientemente protegida para detener la migración y el tráfico de drogas…