En los últimos días se ha intensificado el debate sobre el papel que ha jugado el Instituto Nacional Electoral (INE), como garante de los procesos electorales en nuestro país, principalmente a través de diversas iniciativas presentadas por varios partidos políticos, así como por el Presidente de la República en las que se delinean reformas sustanciales para nuestro sistema político y electoral.
Al respecto, vale la pena analizar los alcances del INE a la luz de las atribuciones que el propio Legislativo le otorgó desde su creación en 2014. De entrada, ahora la autoridad nacional electoral no sólo organiza los procesos electorales federales, sino que coordina con los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las entidades federativas del país, la realización de los procesos electorales locales y lleva a cabo la fiscalización de todas las elecciones en el país.
Tan sólo con esta atribución, en los poco más de ocho años de su creación, el INE ha organizado con éxito 330 elecciones a lo largo y ancho del país, entre procesos federales y locales, ejercicios de participación ciudadana y procesos partidistas. El IFE, en su momento, organizó menos de 20 ejercicios electivos. Además, gracias al sistema normativo electoral, los actores políticos que se han llegado a inconformar siempre han tenido sus derechos a salvo para impugnar las determinaciones del INE ante los organismos electorales jurisdiccionales correspondientes.
Bajo este contexto, más que proponer la desaparición del INE, de quitarle la atribución de conformar el padrón electoral, elemento fundamental para la celebración de los procesos electorales y de democracia directa que tiene como fundamento central, una vez más, la confianza de la ciudadanía; concentrar las elecciones en una sola institución desapareciendo los OPLEs, así como los tribunales electorales locales; ampliar la propaganda electoral gubernamental justo durante los procesos electorales, entre otros, son aspectos que deben debatirse, de manera seria, de cara a una reforma electoral.
Solo para apuntar algunos rubros que deben considerarse importantes ante una eventual reforma electoral me gustaría señalar, entre otros, los siguientes:
- La utilización de urnas electrónicas, así como el mecanismo de votación por internet al interior de la República mexicana (mismo que ya es usado para recibir la votación de las y los mexicanos en el exterior), junto con un esquema de voto anticipado que permitiría, al menos tres aspectos fundamentales: reducir los costos de las elecciones en un mediano plazo así como los tiempos de organización de los procesos electorales, incentivar una mayor participación ciudadana -particularmente de las y jóvenes- en los procesos electorales y de participación ciudadana, así como la certeza y rapidez en los resultados electorales.
- Considerar modificar la legislación electoral para permitir que el mismo día de la jornada electoral y a la conclusión de ésta, se realice el cómputo de las elecciones lo que lograría contar con resultados oportunos y, si son utilizados sistemas electrónicos, se evitarían errores aritméticos y largos procesos de escrutinio y cómputo, por ejemplo.
- Crear la causal expresa de nulidad electoral por violencia política contra las mujeres en razón de género y que las personas a las que se acredite que cometieron violencia política de género, no puedan participar en los procesos electorales extraordinarios.
- Legislar en materia de acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación en las candidaturas federales, locales y municipales.
- Incorporar el deber de que la Presidenta o Presidente del Consejo General del INE comparezca ante el pleno o comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados para rendir un informe anual de su gestión, lo que permitiría un esquema efectivo de transparencia y rendición de cuentas.
Regular normas y principios en materia de reelección legislativa, cuidando el resguardo de las normas de paridad, de acciones afirmativas y equidad en las contiendas electorales.
Eficientar y modernizar los mecanismos de fiscalización para detectar empresas fachada, factureras, personas beneficiarias finales, flujo de recursos del crimen organizado a las campañas electorales, uso de dinero en efectivo, entre otras.
Para el INE, sería conveniente un proceso de reingeniería institucional que permita el adelgazamiento de su estructura, como por ejemplo, la desaparición de su Junta General Ejecutiva, así como el rediseño de los controles de mando para áreas como: Secretaría Ejecutiva, Coordinación de Asuntos Internacionales, Coordinación Nacional de Comunicación Social, Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, entre otras.
Incorporar la credencialización de las personas en prisión preventiva con la finalidad de garantizar su derecho al voto, etcétera.
Como puede observarse, más que conformar nuevas instituciones con atribuciones no precisas, existen muchos temas que, de reformarse en las leyes en materia electoral, permitirían dotar a nuestro sistema electoral de mayor certeza, elevar la participación ciudadana, aumentar la eficiencia, abatir plazos, e incluso, de reducir los costos de operación en la organización de las elecciones federales y locales.
No obstante, quedan en manos del Legislativo estas consideraciones y otras propuestas que he presentado en distintos foros institucionales, académicos y periodísticos.