El régimen vuelve al ataque de las instituciones democráticas, ahora con el anuncio de un “Plan B” a seguir por sus legisladores partidarios en el más que previsible caso de que la reforma electoral tóxica del presidente sea rechazada por no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
El consenso en torno a lo planteado por el presidente no caminó porque para buena parte del bloque opositor y de la ciudadanía representada en ese bloque, no es aceptable volver al control del gobierno sobre las elecciones.
De la misma forma, es inaceptable invadir la soberanía de los Estados y restarle representatividad a la ciudadanía.
Pero hay que decirlo, al gobierno no le interesa el consenso. Lo que exige es sumisión, veneración a la palabra presidencial.
Para atraer a incautos, el régimen insertó en su propuesta algunos temas como el voto electrónico o la revisión del financiamiento a partidos, pero no como cuestiones que pudieran ser revisadas por separado: las planteó como un todo junto a la desaparición del INE, los organismos electorales estatales y los tribunales electorales locales.
Nuevamente, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados transitó un dictamen en el que dicen incluir propuestas de otros grupos parlamentarios, pero casualmente al leerlo resulta ser la propuesta presidencial, sin moverle una coma.
Estirando y torciendo al máximo la normatividad y técnicas legislativas, esa misma mayoría oficialista se dio prisa para aprobar el dictamen y remitirlo al pleno, prisas que provocaron un desajuste al interior mismo del bloque pro-gobierno, lo que los obligó a aplazar la votación.
Esas burdas maniobras para dar gusto al ego y al capricho presidencial es el común denominador de las decisiones de la mayoría oficialista en la Cámara Baja.
Resulta indignante y de pena ajena que los asuntos fundamentales para el futuro de nuestra democracia pretendan ser tratados con ligereza y servilismo.
De los contenidos de la propuesta presidencial se sabe que envuelven la verdadera intención que es controlar el sistema electoral del país, sus decisiones, y que sea el gobierno, es decir la fuerza política en el gobierno, quien proponga candidatas y candidatos al máximo órgano electoral para que de ese conjunto de personas “palomeadas” surjan los electos “por el pueblo”. Un engaño total.
Lo demás es complemento: subyugar a fuerzas opositoras restándoles financiamiento público, reduciendo la representación en Ayuntamientos, Congresos locales y Poder Legislativo Federal…
Claro, todo disfrazado de “ahorro”.
¿Y los instrumentos de las minorías para reclamar y controvertir actos del gobierno? Anulados al no tener suficientes representantes. El paraíso de las dictaduras.
Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Por eso la reforma electoral presidencial tóxica no pasará.
Se trata de una batalla que hemos estado librando desde el Congreso de la Unión, con el respaldo de la ciudadanía. Y seguirán otras más, porque el régimen, sabiéndose perdido en su intentona, hará una segunda versión, contra las leyes secundarias, el mencionado “Plan B”.
Luego vendrá la sucesión de consejeras y consejeros del INE, donde también querrá meter mano el gobierno, que no quepa duda.
Por lo tanto, sigamos presentando frente, que hay mucho por luchar. Se trata del futuro de nuestra democracia, de nuestro país.