Cientos de miles de mexicanos participaron en las marchas para defender la democracia y evitar la destrucción de las instituciones electorales. Estos manifestantes triunfaron, provocando un cierre de filas de los legisladores opositores para evitar que se puedan consumar estos cambios.
El rechazo al cambio constitucional
A pesar de esta victoria, hay que estar conscientes de que sólo se ganó una batalla, no la guerra contra quienes pretenden aniquilar nuestra democracia. Los retos por delante son muchos y demandarán que la ciudadanía se mantenga atenta y activa para evitar que se concreten posibles intentos por revertir lo logrado. Un primer momento será observar que efectivamente se deseche la iniciativa de reformas constitucionales que proponían afectar de manera fundamental el funcionamiento e integración del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las estructuras regionales y estatales encargadas de los asuntos electorales.
La reforma a leyes secundarias
Pero ya se ha anunciado que luego de que se rechace esta propuesta de cambio constitucional, se intentará llevar adelante reformas a leyes secundarias en materia electoral. Lo que se ha anticipado del contenido de las propuestas de adecuación presenta claroscuros que vale la pena conocer y analizar para evitar todo aquello que pudiera menoscabar la democracia. Al respecto, un primer punto es evaluar posibles reformas a criterios y mecanismos para la asignación de legisladores por representación proporcional, pues si ello supone la reducción de la presencia legislativa de las minorías o aumentar la desproporción en el reparto de curules respecto de la votación lograda, se debe demandar de los partidos opositores que intenten por todos los medios a su alcance mantener los términos vigentes.
Otro punto es que, si se regula que las opiniones públicas que manifiesten diputados y senadores en el desempeño de sus cargos durante los tiempos de campañas electorales no sean consideradas propaganda, ello no signifique permitir que estos legisladores puedan realizar actividades de proselitismo abierto usando como pretexto su posición.
Una posible afectación a la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral no debiera suponer que se eliminen indiscriminadamente áreas que pudieran estar sirviendo para cumplir funciones sustantivas legalmente conferidas a este organismo ni ser motivo para una arbitraria reducción de recursos para su operación que ponga en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a este instituto. Cabe así considerar la viabilidad de que se empleen para las funciones de credencialización espacios públicos con condiciones para llevar a cabo estas labores, reduciendo gastos por arrendamientos de locales.
La propuesta de fijar como norma que se garantice que en las consultas populares se instale la misma cantidad de casillas que, para las elecciones ordinarias, siendo deseable, debiera respaldarse con garantías para que se entreguen al órgano responsable los recursos requeridos para que sea posible. Igual, si se pretende que la autoridad administrativa electoral proporcione apoyo para la transportación de ciudadanos para acudir a votar, esto debiera acompañarse por la adopción de reglas que obliguen a la entrega de recursos por el legislativo federal para que ello se realice.
Dicho de manera sencilla: si bien la mayoría legislativa puede imponer los términos de una reforma a leyes secundarias, esto no tiene que ser así, pues pudiera arribarse al encuentro de cambios avalados por las distintas fuerzas políticas, lo que siempre resulta ideal cuando se trata de los principios rectores de la competencia electoral.