El 29 de enero de 1970 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que a partir de esa fecha el derecho a ejercer el voto en México sería a los 18 años, como parte de la reforma electoral en la que se disminuía este acceso al sufragio, que antes era de 21 años.
Hoy se considera que una persona de esa edad -18- está en condición de dirimir su voto, tomar decisiones políticas y participar con todos los derechos constitucionales en la construcción de su país, en la elección de gobiernos y en la posibilidad de exigir, en democracia, el cumplimiento de las obligaciones de gobierno y la administración de los bienes nacionales. Está bien.
Antes de esa edad aún deben esperar para ejercer ese derecho político; de hecho, los niños y los adolescentes no votan.
Por su parte, las personas mayores-tercera edad sí tienen ese derecho, y aunque muchas de ellas ya están fuera del esquema laboral nacional o como trabajadores de la economía informal sin derechos ni servicios sociales.
Muchos adultos de la tercera edad tienen recursos y viven de estos. Muchos adultos dependen de sí mismos y sus ahorros. Muchos otros reciben apoyos de sus hijos o familiares. Otros son jubilados o pensionados y reciben sus recursos como beneficio a una vida de trabajo. Muchos otros no tienen nada de esto y se sostienen a tientas en la vida. Casos de todos hay en este caso.
Pero precisamente el gobierno de la 4T decidió llevar recursos a una gran población nacional que –según su criterio- debe recibirlos como apoyo público para paliar sus necesidades cotidianas: casa-comida-sustento-medicinas-atención especial-solaz... Y para eliminar la brecha entre ricos y pobres.
Y por eso se creó el programa por el cual millones de personas de la tercera edad reciben apoyos económicos cada dos meses y cuyo único requisito es contar con 65 años y más. Pero no es tan así.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 estableció destinar el próximo año 600 mil 321.9 millones de pesos para 16 programas sociales que el gobierno federal considera prioritarios. De estos los programas sociales que recibirán más recursos el próximo año son los de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad.
“Programas sociales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente tendrán crecimientos presupuestales de 34.3 y 14.5% para el siguiente año, respectivamente”, establece el PEF.
Para el programa de pensiones para adultos mayores se prevé destinar un monto de 335 mil 499.4 millones de pesos...
En contraposición y para beneficiar a estos adultos mayores que son votantes, el gobierno de la 4T ha quitado apoyos a niños en México, que no votan. Por tanto, ha suspendido apoyos diversos y programas de atención infantil, sobre todo a los que menos tienen.
Todo esto viene al caso por el excelente reportaje especial de Marco Antonio Martínez, publicado el 21 de noviembre por La Silla Rota: 4T aumenta recursos a adultos mayores y se los quita a los niños; “ellos no votan”.
Esto es. El manejo presupuestal de apoyo para adultos mayores sacrifica los beneficios que naturalmente requieren los niños de México. Sobre todo, aquellos que viven en condiciones de gran dificultad económica, en zonas de altísima marginalidad y en zonas urbanas en las que la economía está sufriendo descalabros día a día por las altas tasas de inflación, el desempleo de sus padres, la falta de ingresos regulares y los beneficios sociales públicos.
Una estrategia electoral cruel que anula la justicia social y la buena administración de los recursos públicos, para orientarlos en beneficio de un gobierno que quiere repetir en el poder luego de las elecciones de 2024.
Se sabe –por el reportaje mismo- que, durante las elecciones intermedias anteriores, una gran cantidad de votos por Morena provenían de personas de la tercera edad, beneficiarias de los apoyos económicos: Lo que se critica a los gobiernos “de antes” por los que a través de organismos como Sedesol conseguían incrementar su votación, hoy es de otro modo, lo mismo.
Antemano se están utilizando recursos e instrumentos de gobierno para construir las elecciones de 2024. Antemano se focaliza a los electores cautivos y se les estimula para garantizar su voto en favor de sus beneficiarios, aunque los recursos sean públicos, que, es decir, de todos los ciudadanos.
De esto y lo que sabremos más adelante, se alimenta lo que quiere ser el triunfo del gobierno en las elecciones de 2024. Pero también es cierto que a partir del 13 de noviembre pasado las cosas adquieren un tono distinto y aquellos que guardaban silencio –sobre todo esa izquierda real que parecía adormilada—salieron a la calle a mostrar su propia decisión.
El 27 de este mes saldrá –con recursos públicos, también—un enorme número de electores cautivos. Y se festejará al día siguiente. No obstante, hoy la situación se recompone y las fuerzas de equilibrio están a la vista.
Aun así, quien tiene la sartén por el mango, es quien tiene el recurso y lo reparte. Veremos en unos meses si existe fidelidad a esa compra de voluntades o la gente mayor reflexiona su voto y reconoce que recibe recursos públicos, no del gobierno.
Mientras tanto, que los niños esperen, que al fin y al cabo no votan y por tanto no son prioridad.