Si el Sistema Nacional Anticorrupción ha probado ser un ministerio inservible, la versión potosina es un mazacote de taras originales desde su diseño y adquiridas apenas nació.
No es noticia que así sea; de saberlo, lo saben el gobierno estatal, el Congreso del Estado, las representaciones empresariales, la Auditoría Superior del Estado, las contralorías de todos los niveles, la Fiscalía Anticorrupción y los tribunales. Lo saben todos ellos y lo padecen los ingenuos ciudadanos a quienes invitaron a conformar esa entelequia denominada Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Nuestros extravagantes diputados locales agarraron el modelo federal y lo replicaron. El Sistema Estatal Anticorrupción es una pesada pirámide disfuncional con un Comité Coordinador en la punta, integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, los titulares de la ASE, la inútil Fiscalía Anticorrupción, la fantasmal Contraloría del Estado, un representante del acojonado Poder Judicial, un comisionado estatal de transparencia e información pública y el presidente del tribunal administrativo.
La ley respectiva dice que deberán reunirse para que el SAE establezca metas, diseñe estrategias de combate a la corrupción, analice temas y denuncias, requiera información a entes públicos que sea necesario, elabore informes y emita recomendaciones sobre los casos de su conocimiento. Si lo están haciendo, si lo hicieron alguna vez, ya va siendo hora de que se sepa. Por lo menos que nos digan el nombre del presidente actual del Comité Coordinador, que dura un año en el cargo y se elige de entre sus integrantes. Hipótesis más probable: no están haciendo nada, así, con esponjoso cinismo.
Pero si los integrantes de ese comité que cobran en las nóminas públicas son impermeables a la crítica, no tienen ninguna prisa por entrar al tema y la representación que les encargaron les tiene sin cuidado, a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no, el problema es que ese entuerto jurídico y operativo en el que los metieron les configuró un triste papel de floreros.
Muy creativos los diputados que diseñaron el comité ciudadano, decidieron que sus cargos serían honoríficos, con el supuesto de que un salario público de seguro corrompe a los ciudadanos, es motivo de discordia y desvirtúa el sentido de su participación en la vigilancia de los entes públicos. A ver si con el mismo principio un día los ciudadanos deciden que las dietas, sueldos y compensaciones son agente de discordia y corrupción entre funcionarios, diputados y jueces, para decretar la gratuidad a tabula rasa de sus servicios. Todo sea por el bien de la sociedad y no se corrompan tan buenas criaturas.
Los ciudadanos asumieron el tema del servicio honorífico; son empresarios, profesionistas y comerciantes, tienen de qué vivir. Pero además los legisladores potosinos decidieron que no se les asignara un peso para operar como comité: no oficina, no domicilio para reunirse, no papelería, no asistentes, no viáticos (algunos han sido y son del interior del estado). En otras entidades no es así: las representaciones ciudadanas tienen al menos un lugar donde sentarse, presupuesto propio.
Una lucha de años, tira y tirón, por fin les asignaron presupuesto, pero también les impusieron un secretario técnico muy peculiar: un señor con facultades por encima de ellos que se gasta el presupuesto asignado al Comité de Participación Ciudadana como a él le da su gana, contrata colaboradores a su contentillo y no les consulta ni les pide parecer. El paracaidismo en instituciones públicas reserva a veces embajadas de ensueño.
Sería una pequeña compensación si al menos esta oficina del secretario técnico ya hubiera demostrado que ha hecho de lo que la del Sistema Anticorrupción ordena. Absolutamente bizarro.
Recién integrantes del minimizado comité ciudadano promovieron un amparo contra la elección de una ciudadana que ocuparía el cargo de una compañera integrante cuyo periodo concluyó. El juez de la causa concedió la suspensión en lo que entra al fondo y resuelve. Se supone que una Comisión de Selección se encargó del tema, así lo prevé la ley, pero los comisionados tienen otros datos.
Un comisionado, el arquitecto Ramón Infante Guerrero, envió una carta al Congreso del Estado para advertir sobre la condición volátil de la encargada del despacho de la Auditoría Superior del Estado, desde hace más de diez meses al frente porque Gobierno del Estado no da línea a su apéndice legislativo para elegir. En administración pública, es principio que los encargados de despacho cumplen encargos mientras se resuelve la convocatoria para nombrar titular, aquí la señora está al frente mientras se les ocurre a quien impulsar. La duda es que ese carácter de incierta duración en el encargo abre puerta para poner a juicio la validez de sus actos; los diputados dicen que eso es inviable, una sanción millonaria bien vale probarlo en tribunales.
Dos temas y un solo fondo. “El sistema estatal anticorrupción es un rotundo fracaso y se simula cumplir con su objetivo”, escribe el comisionado a los diputados. No hay forma ni prueba concreta de contradecirlo.