INTERVENCIÓN DE GRUPOS DELINCUENCIALES EN LAS ELECCIONES

La sentencia a la gubernatura de Tamaulipas: lecciones para futuros casos

La presencia del crimen organizado y la intervención de servidores públicos tienen el potencial de ser determinantes en un proceso electivo. | Felipe de la Mata Pizaña* y Nancy Correa Alfaro**

Escrito en OPINIÓN el

Hay sentencias que nos enseñan más por los criterios que generan, que por lo que resuelven para el caso concreto. Eso ocurrió con el fallo (1) de la Sala Superior que confirmó la validez de la gubernatura de Tamaulipas, una sentencia adoptada por unanimidad porque recogió las distintas propuestas, visiones y posturas de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que será recordada por los criterios generados para futuros casos. 

Por eso, es importante que las autoridades electorales y ciudadanía en general conozcan cuáles son esos criterios que servirán para analizar casos similares y las medidas que deberá emitir el Instituto Nacional Electoral. 

1. Intervención del crimen organizado y violencia generalizada

El principal cuestionamiento a la validez de la elección fue la intervención de grupos delincuenciales, ya sea por supuestos vínculos con el candidato ganador; por presuntamente aportar dinero a la campaña, o bien, por haber generado un clima de violencia que afectó la libertad del voto

Ninguna de esas hipótesis se confirmó, ni siquiera de manera indiciaria. 

Pero, lo interesante fue que se adoptó una metodología con la que se examinarán los hechos que ocurran en contextos de violencia o presencia del crimen organizado, ya que, como sabemos, algunas poblaciones del país son víctimas de este fenómeno social que afecta gravemente nuestros procesos democráticos.  

La metodología permitirá a las autoridades electorales revisar las pruebas y los hechos bajo un estándar flexible, reconociendo la dificultad que implica aportar pruebas directas sobre eventos inusuales que, incluso, pueden poner en riesgo la integridad física de las personas que los atestiguan.

¿En qué consiste esa metodología?

a. Contexto. Primero, revisar si hay pruebas mínimas sobre un contexto de violencia. 

b. Hechos específicos. Examinar las pruebas bajo un estándar flexible para verificar si hay indicios suficientes que confirmen los hechos denunciados. 

c. Verificar si se relacionan los hechos periféricos (contexto) con hechos específicos. Analizar si es posible establecer un vínculo entre un contexto de violencia con su posible afectación al proceso electoral. 

Con esta metodología, lo que determinó la Sala Superior es que si bien la situación delictiva en Tamaulipas es indeseable no encontró que los hechos denunciados tuvieran impacto o afectación en el proceso electoral. 

2. La regulación que deberá emitir el INE 

Esta metodología con la que se analizarán casos de violencia, será acompañada con una política electoral nacional, previamente ordenada en el caso de la gubernatura de Michoacán  que deberá emitir el INE en un plazo de 30 días al INE para llevar a cabo las acciones previamente ordenadas en el caso de la gubernatura de Michoacán (2). 

Específicamente, el INE deberá emitir lo siguiente: crear filtros de investigación para las candidaturas; generar guías de actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de servidores públicos en zonas con presencia del crimen organizado; celebrar foros y consultas con expertos en seguridad y reglamentar una facultad de atracción preferente para atraer alguna elección en la que se adviertan factores de riesgo de violencia.

Finalmente, como en este proceso local se presentó lo que parece ya un fenómeno constante: la intervención de servidores públicos en eventos proselitistas del candidato; se ordenó también al INE que, en el mismo plazo, emitiera lineamientos para evitar la injerencia o participación de servidores públicos, así como de los servidores de la nación en procesos electorales. Recordando que las consecuencias pueden ser, incluso, la pérdida del modo honesto de vivir. 

Conclusión 

Hay problemas muy particulares y específicos que afectan a las democracias, en el caso de México la presencia del crimen organizado y la intervención de servidores públicos son fenómenos y malas prácticas que tienen el potencial de ser determinantes en un proceso electivo. 

Por eso, aun cuando la Sala Superior validó la renovación de la gubernatura tamaulipeca se tomaron acciones para generar una metodología que permita a las autoridades valorar los contextos de violencia y establecer reglas claras, ciertas sobre el marco de actuación de las personas servidoras públicas, con la suficiente antelación a los siguientes comicios. 

Todo para prevenir y evitar la última de las consecuencias posibles: la nulidad de una elección.  

* Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

** Colaboró: Nancy Correa Alfaro, secretaria de estudio y cuenta del TEPJF

1.  SUP-JRC-101/2022.

2.  SUP-JRC-116/2021 y acumulados.