A pesar de los muchos intentos desde el oficialismo para desalentar la asistencia a la marcha del pasado domingo, que incluyeron burlas y demás expresiones ofensivas en la mañanera por más de una semana, y después para tratar de minimizar la participación, descalificar a quienes asistimos y generar la percepción de que fue un fracaso, lo cierto es que esta marcha que fue convocada en defensa del INE y de nuestro sistema democrático -y no en contra del presidente como falsamente se ha acusado-, ha dominado la conversación pública por varios días provocando diversas reacciones.
Una de las principales discusiones se ha dado en torno al número de asistentes y, aunque no es fácil conocer las cifras reales y en estos casos es común que se pretendan sobre o subestimar, los datos que proporcionó el secretario de gobierno de la Ciudad de México supuestamente de su centro de monitoreo fueron francamente ridículos, a grado tal que ni el propio presidente los pudo usar en su narrativa y sólo se contribuyó a incrementar la preocupación de lo que podría pasar si el conteo de votos o la construcción y manejo del padrón electoral estuvieran a cargo de un órgano controlado por el oficialismo.
Sin meternos en esa guerra de cifras, sin duda fue una marcha muy concurrida como se acredita en las imágenes, ordenada, respetuosa, pacífica, plural -me parece una buena noticia que, en un país tan polarizado hayan decidido participar personas con posiciones distintas e incluso enfrentadas en muchos temas, pero que comparten una preocupación común-, y en la que la gran mayoría de las personas llegó por su propio pie. Nada que ver con la marcha de odio que auguraban desde el oficialismo. Paradójicamente, quien dio la nota fue la polémica diputada de Morena, María Clemente al intentar provocar a quienes marchaban, se burló y les gritó en repetidas ocasiones “bola de nacos” y “muertos diabéticos”, exhibiendo una conducta claramente racista y discriminatoria. A diferencia de muchas otras, en esta marcha no se vieron cientos de camiones estacionados en las calles aledañas, utilización de padrones de programas sociales, pases de lista, entrega de box lunch, “líderes” organizando a la gente y dictando las consignas, o grupos musicales amenizando.
También es de destacar que dirigentes partidistas, políticos y otros personajes de distintos ámbitos -algunos efectivamente muy cuestionables, pero se respetó su derecho a participar además de tratarse de un espacio público-, no tuvieron un lugar o trato especial, marcharon igual que la mayoría e incluso en muchos casos pasaron desapercibidos. El hecho de que no se permitieran protagonismos, evitó que se desnaturalizara el propósito de la marcha, que no es otro que la defensa de derechos y libertades que en buena medida pasan por conservar la autonomía del INE. Aunque insistan en desestimar lo ocurrido el domingo, probablemente se trate de la movilización ciudadana más importante en muchos años, que no haya sido promovida abierta o veladamente por el gobierno o el partido oficial, y ya se empiezan a ver sus efectos.
Dados los antecedentes, hubiera sido ingenuo pensar que se encontraría cierta receptividad por parte del gobierno y mucho menos que el presidente flexibilizara su posición -de hecho la endureció y en respuesta a lo que considera una afrenta, encabezará una marcha al zócalo el 27 de noviembre para mostrar “músculo”-, pero al parecer se logró generar un contexto de mayor presión para los partidos de oposición y reducir el margen para que, sobre todo en el caso del PRI, puedan conceder los votos que faltan para lograr la mayoría calificada.
Tan es así que López Obrador ya anunció que está preparando una iniciativa de reforma a la legislación secundaria en caso de que no se apruebe su propuesta -habrá que ver si no sigue la misma ruta que con la reforma eléctrica para impulsar modificaciones sustantivas al marco electoral aún en contra de lo establecido por la Constitución, esperando que las y los ministros afines lo apoyen para que no se alcancen los ocho votos requeridos para declarar su inconstitucionalidad, lo que podría provocar una grave crisis jurídica, política y social-, en tanto que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anticipó que buscarán que las y los cuatro nuevos consejeros electorales que deberán nombrarse antes de abril próximo, sean definidos por ellos sin tomar en cuenta a la oposición, confirmando la preocupación de quienes asistimos a la marcha, lo que realmente les interesa es el control del INE y del TEPJF.