Casanova Vallejo, de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique, está a punto de burlar la inhabilitación de 45 meses que le impuso, el pasado 15 de septiembre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gracias a las gestiones de abogados cercanos a la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo, y al Órgano Interno de Control del ISSSTE, de Luis Antonio García Calderón.
Carlos Echenique asistió como invitado al Gran Premio de México de la Fórmula 1, lugar donde se dieron cita empresarios y funcionarios de la talla de Carlos Slim, Carlos Slim Domit, Arturo Elías, Joaquín López-Dóriga, Alejandro Soberón, Mario Achi, Francisco Cervantes y los políticos Enrique Alfaro, Samuel García, Margarita Zavala, Xóchitl Gálvez y Lía Limón, entre otros. Bueno, cómo dejar de mencionar que hasta el impresentable de Mario Delgado, presidente de Morena, estuvo.
Ver para creer… más bien, escuchar para creer
Durante el evento, varios asistentes se sorprendieron al escuchar a Carlos Echenique afirmar que había conseguido librar la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública, gracias a un soborno de 5 millones de pesos que, según sus palabras, fue la cantidad que le solicitaron para arreglar el asunto con supuestos servidores públicos de las dependencias que encabezan Roberto Salcedo y Pedro Zenteno, mejor conocido como el Comandante Z.
Carlos Echenique detallaba que el dinero fue entregado en “cash” y que no habría forma de comprobarle este millonario arreglo, que a decir de muchos funcionarios y empresarios que escucharon estas pláticas, le salió barato para el tamaño del problema. ¡Quihúboles con la desfachatez!
Esta información no sólo llegó al SAT, sino también a la UIF, de Pablo Gómez, dependencia que había recibido datos sobre el crecimiento exponencial y el manejo tributario de Casanova Rent.
Esta empresa es proveedora del gobierno desde hace muchos años y tiene como principal cliente privado al Palacio de Hierro, de Alejandro Baillères, marca que no quiere involucrarse en temas de corrupción, y menos cuando se trata de proveedores que han sido sancionados (oficio OIC/00/637/20377/2022).
La familia Baillères contrató a Casanova desde hace más de dos años para brindar servicios de transporte y logística de la mercancía que llega al domicilio de los clientes de la afamada tienda de lujo departamental, considerada como un ícono en cuanto a reputación y buenas prácticas corporativas.
Obviamente, los bancos y analistas del mercado advirtieron sobre posibles anomalías de esta empresa. Sin embargo, Casanova jamás informó a sus clientes principales sobre los oscuros manejos internos por los que fue sancionado.
La familia Echenique orquestó una campaña de abogados y asesores para evadir la sanción impuesta por la presente administración y, al parecer, según palabras de Carlos Echenique, le podría alcanzar para sobornar a funcionarios de la Función Pública y del ISSSTE.
En los últimos 12 años, Casanova, que engloba a las empresas Casanova Rent, Casanova Vallejo y Casanova Chapultepec, ha obtenido más de 633 contratos con ganancias superiores a los 12 mil 700 millones de pesos. En este gobierno, antes de la inhabilitación, fue contratado por dependencias como la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O; el Instituto de Salud para el Bienestar, de Juan Antonio Ferrer Aguilar; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la impresentable Luisa Alcalde, y la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero.
Pero las anomalías de la familia Echenique se extendieron a entidades como Puebla, de Miguel Barbosa, donde obtuvieron un contrato de mil 171 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas gracias a las gestiones de José María Tapia Franco, un exfuncionario de Enrique Peña Nieto que estuvo involucrado recientemente en un tema de corrupción derivado de ventiladores para pacientes con covid-19 que vendió a precios estratosféricos y que, además de caros, llegaron tarde a la emergencia, aunque se compraron con carácter de extraurgente.
Las autoridades deberían investigar los dichos de Carlos Echenique, pues si libra la sanción de la Función Pública se comprobarían las pláticas que tuvo con decenas de asistentes en el pasado Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde muchos se quedaron asombrados por el cinismo y palabras del que podría considerarse el nuevo rey del cash del sector empresarial.
Ah, y el lunes no pueden dejar de leerme, pues les documentaré cómo en el ISSSTE no siguen la máxima del presidente de no robar, no mentir y no traicionar… y lo peor es que las responsabilidades no sólo son administrativas, sino penales, pues ya existen muertes atribuibles a sus adjudicaciones directas.
Por cierto, señor fiscal, ¿cuándo me entregará las copias certificadas de la denuncia de Emilio Lozoya?
La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.
* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.