La elección de Estado no es un evento que ocurre de manera incidental el día de la jornada electoral, es un proceso de abuso de poder que involucra de manera ilegal, inequitativa y antidemocrática, el uso de todos los recursos del Estado, para imponer el triunfo electoral de una fuerza política por encima de la soberanía popular.
No han sido pocas las voces que advierten que nuestro país está en proceso a una elección de Estado y en últimas fechas, se han multiplicado las iniciativas para denunciar y contener los abusos. Si estos no paran, habría una regresión antidemocrática en el 2024.
El uso indiscriminado e ilegal de los recursos públicos se ha institucionalizado a través de la utilización de los programas sociales, cuyo objetivo no ha sido la disminución de la pobreza, sino el uso de “clientelas” y el control de los beneficiarios para ser instrumentados como fuerza electoral. La desaparición o cooptación de las instituciones autónomas y el debilitamiento de cualquier instancia que represente un contrapeso es otra de las acciones que se han puesto en marcha para fortalecer al gobierno y asegurar el resultado electoral en las elecciones del próximo año y en la elección presidencial. La centralización y el debilitamiento del federalismo han sido constantes en la relación del gobierno federal con estados y municipios, sin limitarse a declaraciones, repartición de culpas o desconocimiento de facultades, también el control por cartera a través del presupuesto.
Sin embargo, la captura del árbitro electoral es, con mucho, el objetivo más preciado de todo este andamiaje autoritario y antidemocrático. La reforma electoral para desaparecer el INE y crear el Instituto Nacional Electoral y Consultas (INEC), y la iniciativa para modificar la elección e integración de la representación en el Congreso de la Unión y en los municipios, con el argumento de abaratar el costo de la democracia y simplificar sus procesos, es una trampa para la democracia.
El verdadero propósito es asegurar, por todos los medios, la consumación de la elección de Estado que permita la permanencia del grupo en el poder. La propuesta no tiene sustento técnico ni presupuestal; no hay justificación para dar paso a estas modificaciones a un sistema que ha funcionado y que, si bien puede ser mejorado, no al precio de su desmantelamiento, la pedida de su autonomía constitucional y el control de las próximas elecciones.
A falta de argumentos se recurre, con profundas deformaciones, a la razón de estado, atribuyendo a un grupo político, a un movimiento y a su partido, las facultades exclusivas de la nación ante situaciones extraordinarias que pongan en riesgo su integridad y la seguridad nacional. Igual que se hizo en el pasado, con el llamado de Bartlett y la peor parte del PRI a consumar el “fraude patriótico”, ante el triunfo de Francisco Barrio en las elecciones de 1986, en Chihuahua. Así sucede cuando se impone el interés político sobre cualquier consideración legal, ética y moral; y esto puede ocurrir ahora, cuando se ha lanzado la consigna de conservar el poder a cualquier precio.
Por lo anterior se debe insistir por todos los medios legales y pacíficos, incluida la marcha del día 13 de noviembre, que “El INE no se toca”, y alentar las expresiones de quienes como ciudadanos han dicho “Yo defiendo al INE”. A quienes han convocado a otras iniciativas de manera anónima, habrá que exigirles que se manifiesten con transparencia y legalidad, para evitar manipulaciones indebidas. Todos en defensa de la democracia y las libertades.