Parece la combinación perfecta para una dictadura.
Sí, el gobierno mexicano no sólo firmó un convenio de espionaje con el gobierno ruso, sino que, al mismo tiempo, decidió la compra de millones de bombas de gas lacrimógeno –para dispersar multitudes–, mientras se confirma que –a los ojos de todos–, crecen sin freno los “narcogobiernos” en todo el territorio nacional.
Todo ello, claro, luego de que senadores del PRI, PAN y PRD, junto con los de Morena, pactaron que los militares, marinos y guardias nacionales estarán en las calles de todo el país hasta el año 2028.
Sin duda todo un coctel explosivo –propio de la preparación de una dictadura–, que habría escandalizado a todos –y sobre todo a los opositores–, en el México previo a julio de 2018.
Sin embargo, en el México de hoy –en el país de un solo hombre–, nadie dice nada en el Congreso de la Unión, tampoco se escuchan las voces del Poder Judicial y en especial de los integrantes de la Suprema Corte, en tanto que los políticos de partidos opositores no se recuperan de la aplastante derrota que les impuso el tirano de Palacio.
Y es que, en efecto, en el México de hoy ya no existe la saludable División de Poderes, tampoco operan los “contrapesos institucionales” y mucho menos aparecen los garantes del respeto a la Constitución; los santones de Tribunal Supremo.
Sí, el presidencialismo mexicano parece reducido a la dictadura del “rey de Macuspana”; aquel que lo mismo compra conciencias de legisladores adversarios, que amenaza a jueces, ministros y magistrados y, en el extremo del autoritarismo, ordena callar a los medios y los críticos, mientras premia sin pudor a lacayos y aplaudidores.
Por eso, a nadie parece importarle que el tirano de Palacio monta su dictadura paso a paso, a los ojos de todos y sin ninguna resistencia, mientras que una sociedad perezosa se debate en el dilema encontrarle “las mamaderas” a la perniciosa polarización social. Pero vamos por partes.
Luego del escándalo por el descubrimiento de que el gobierno mexicano espía a sus críticos y opositores con el sistema Pegasus, a pocos les llamó la atención que López Obrador pactó con el gobierno ruso la instalación en México de uno de los más sofisticados sistemas de espionaje político y social implantado por la Rusia de Putin.
En efecto, hace horas, el gobierno mexicano firmó un convenio con el de Rusia para instalar en nuestro país el sistema satelital Glonass, tan potente como los sistemas de espionaje norteamericanos. Tal sistema ya se utiliza en Venezuela, Nicaragua y Brasil y su versatilidad es tal que se puede utilizar para el espionaje, el monitoreo del espacio y, sobre todo, para orientar misiles nucleares.
Dicho de otro modo, que la tecnología rusa de espionaje y control social llegó a México de la mano de la dictadura de López Obrador, y justo se utilizará cuando el gobierno mexicano logró que militares, marinos y guardias nacionales estén en las calles hasta el año 2028.
Pero ese es apenas el principio de los preparativos represores del dictador mexicano.
Resulta que el pasado sábado, el diario El Universal reveló documentos que confirman que la Secretaría de la Defensa inició el proceso de licitación –de compra–, de casi tres millones de proyectiles lacrimógenos, conocidos como “bombas lacrimógenas”.
Según la licitación, los proyectiles de gas lacrimógeno serán utilizados “para mantener el orden y la seguridad interior del país”.
¿Y eso qué quiere decir?
¡Bingo...!
Que las fuerzas castrenses mexicanas, a solicitud del tirano López Obrador, estarán listas no sólo para llevar a cabo un espionaje selectivo en todo el territorio nacional, sino para reprimir mediante gas lacrimógeno a los ciudadanos que se atrevan a protestar contra la dictadura.
Es decir que, frente al gobierno autoritario de López Obrador, el mandato del criminal Díaz Ordaz se quedará en juego de niños.
Pero mientras que el gobierno mexicano se fortalece para endurecer sus prácticas dictatoriales, también colabora en el fortalecimiento de las bandas del crimen organizado y del narcotráfico.
Y es que a partir del jaqueo de #GuacamayaLikes siguen apareciendo pruebas de que el gobierno de López Obrador mantiene un vínculo perverso con las mafias criminales.
Tales documentos revelaron que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López colocó en su gobierno a personeros de las bandas dedicadas al tráfico de combustible, mientras que otros documentos revelan que la Sedena documentó la venta de armas de uso exclusivo del Ejército, a los cárteles de la droga. Y lo peor, que la venta se lleva a cabo desde el Campo Militar #1.
El mismo jaqueo reveló que, por ejemplo, en Nayarit, el Partido Morena Mantiene vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva; mientras que al gobierno de Tamaulipas se sumó como secretario de gobierno el presunto responsable de la masacre de San Fernando.
Y mientras todo eso ocurre, las mismas filtraciones confirman que la Sedena descubrió complicidad de altos funcionarios de los estados de Morelos y Guerrero, con las bandas criminales.
Incluso, en Morelos, el detalle de la complicidad es tal que se identificaron 18 alcaldes ligados a las bandas de secuestradores, venta de droga y trata de personas, al tiempo que diputados locales y jueces también aparecen en la nómina del crimen organizado.
¿Qué otras pruebas necesitan los ciudadanos para entender que López Obrador instala en México una dictadura “narcomilitar”?
Al tiempo.