La penetración de la base de datos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), revela la vulnerabilidad sistémica de las instituciones nacionales y de nuestro país ante distintas amenazas nacionales e internacionales. El acceso no autorizado a información de seguridad nacional, realizado por el colectivo de hacktivistas anónimos autodenominado “Guacamaya”, para obtener de manera ilegal seis terabytes de información sensible, es apenas una muestra de la debilidad institucional que afecta diversas áreas de la actividad pública y privada y que representa un verdadero riesgo país.
Los mensajes enviados por este grupo delictivo, contienen elementos y motivaciones políticas de alcance hemisférico que es necesario descifrar y enfrentar con la participación de todos los países, de no hacerlo, se incrementará exponencialmente el daño potencial para la seguridad y la estabilidad económica, social y política de las naciones.
En nuestro país existen diversas disposiciones legales para prevenir los delitos informáticos en instituciones de crédito, seguros, del mercado de valores y de protección de datos personales. El Código Penal Federal sanciona en su artículo 211, “Al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad”.
Países como Argentina y Colombia, por citar a los de nuestra región, cuentan con una robusta legislación para combatir los ciberdelitos. A nivel internacional se han desarrollado distintos mecanismos de cooperación, como el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de noviembre de 2001, que incluye la identificación de los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos y sanciona los delitos informáticos de acceso ilícito, intercepción y abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos. Naciones Unidas ha promovido resoluciones contra el fraude por manipulación de equipos, falsificación, sabotaje, acceso no autorizado, robo de identidad y piratería cibernética.
Sin embargo, todas estas disposiciones deben ser revisadas permanentemente ante el desarrollo de las nuevas tecnologías y el uso de los recursos ilegales a disposición de los grupos criminarles, que, dicho sea de paso, normalmente superan a los que cada país o la comunidad internacional ha empleado para combatirlos. Sería muy grave minimizar los hechos o no hacer lo necesario para mejorar, sin sesgos ideológicos o partidistas, los mecanismos de defensa y seguridad nacional, pública y cibernética del país.
El hackeo a la SEDENA es un tema muy delicado y amerita una respuesta al más alto nivel, no solo para cuantificar el daño y tomar medidas inmediatas en el gabinete de seguridad y en las dependencias relacionadas, incluida la cancillería y la política exterior, también para reforzar los mecanismos de información y cooperación de los países y organismos internacionales.
Sería lamentable que nuestro país se quedara pasmado o desenfocado ante este atentado. En los últimos días, prácticamente todas las agencias de información y los medios de comunicación están concentrados en descubrir los datos filtrados, sin exagerar, podemos afirmar qué hay un gran interés y morbo revelar por todo tipo de asuntos ahí contenidos. Por otro lado, las autoridades federales reflejan preocupación, pero muchos funcionarios están distraídos en sus agendas personales, electorales y en la coyuntura mañanera, afectada por el clima de sucesión adelantada, más que en el interés superior del país. Superar el morbo y la distracción es un tema de sobrevivencia.
Lo ocurrido con la información del estado mexicano y de muchos particulares, llama a la responsabilidad de todos, de manera especial, a la de aquellos que han sido elegidos o designados para velar por la integridad y la defensa del país. El morbo, la frivolidad, los apetitos perdónales y las visiones de corto plazo deben ser evitadas, dañan al país y comprometen la seguridad y el futuro del país.
@MarcoAdame
Analista y consultor político