Se han iniciado ya las discusiones en el seno del legislativo con miras a una potencial reforma al régimen electoral mexicano, que debiera concretarse de inmediato tanto al nivel constitucional como en leyes secundarias si se pretende que las modificaciones rijan en las elecciones de 2024. Es muy temprano para saber el posicionamiento que tendrán las diferentes fuerzas políticas o anticipar el contenido de las normas al que pudiera llegarse en caso de un entendimiento que posibilite la reforma, la cual puede ser enteramente desechada de no arribarse a un acuerdo que permita validarla.
La (o)posición de Venecia
Mientras esto se define, como preámbulo y a petición del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como Comisión de Venecia, en su 132ª Sesión Plenaria del 21 y 22 de octubre pasado, dio a conocer la Opinión 1087/2022 sobre el proyecto de enmiendas constitucionales al sistema electoral en México, adoptada luego de un intercambio de opiniones con autoridades electorales y funcionarios de la cancillería.
En principio, la Comisión de Venencia advierte que, si bien todo sistema electoral es perfectible, “cambiar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de los diferentes actores electorales sobre la base de varios ciclos electorales y años de evolución democrática conlleva el riesgo inherente de socavar dicha confianza”. En pocas palabras: ¿para qué componer lo que funciona? Por ello, la Comisión apunta que debe ser objeto de mayor debate público el impacto de posibles enmiendas constitucionales y de sus implicaciones inmediatas para el sistema electoral, la administración de las elecciones y los procedimientos de reclamación y apelación, recordando que la composición del órgano de administración electoral debe garantizar que todos los partidos políticos, candidatos y votantes puedan confiar en que funcionará de forma imparcial. Al respecto asegura que las tareas que hasta ahora ha desempeñado el INE deben mantenerse y, aunque se asignen a otro organismo, el órgano administrativo electoral debe contar con una estructura profesional y sólida.
Las recomendaciones de la Comisión
Por lo anterior, la Comisión de Venecia formula las siguientes observaciones y recomendaciones: primero, las enmiendas propuestas a la Constitución no ofrecen suficientes garantías de independencia e imparcialidad de la autoridad administrativa electoral y de los jueces del Tribunal Electoral; segundo, el procedimiento propuesto para la elección directa de consejeros del órgano electoral y de los jueces del Tribunal Electoral debe ser reconsiderado, ya que no se ajusta a las normas internacionales y a las mejores prácticas en el ámbito electoral; tercero, debe reconsiderarse la creación de un órgano administrativo electoral altamente centralizado, pues ello podría comprometer el funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral, limitar su capacidad de intervención si se adopta un sistema proporcional y tener un impacto negativo en la calidad de las elecciones en caso de eliminarse órganos de administración electoral de nivel inferior y crearse estructuras con personal temporal; cuarto, concentrar el proceso de quejas y recursos en un Tribunal Electoral nacional podría ser problemática, dada la estructura federal del Estado mexicano. Por todo lo anterior, la Comisión de Venecia considera que el impacto de este cambio constitucional debe ser claramente evaluado y medido y llevar a cabo un profundo debate parlamentario y público sobre las consecuencias de las modificaciones propuestas. Esto se antoja muy difícil dada la premura de la mayoría para que los cambios puedan aplicarse en los procesos electorales de 2023-2024. Veremos.