Gustavo Petro apenas está por cumplir dos meses como presidente de Colombia y ya está planeando la forma de llevar a cabo su plan para lograr la “paz total”, que incluye sentarse a negociar con los grupos armados, desmovilizar a las organizaciones criminales y redefinir las funciones del ejército, todo ello teniendo como eje principal a la seguridad humana.
Para entender la propuesta de “paz total” de Petro es necesario primero comprender qué es la seguridad humana. Organismos internacionales consideran que la paz y la seguridad no se reducen a la eliminación de violencia directa y plantean superar la seguridad estatocéntrica y militar para centrarla más en el ser humano; específicamente, Naciones Unidas promovió una visión que integraba a la seguridad y el desarrollo de la que resalta la aparición, en 1994, del concepto de “seguridad humana” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el que se incorporan siete dimensiones: 1) seguridad económica; 2) seguridad alimentaria; 3) seguridad en materia de salud; 4) seguridad ambiental; 5) seguridad personal; 6) seguridad de la comunidad; y 7) seguridad política. Esto significa que la seguridad es distinta entre las personas, ya que, para una parte de la humanidad, la seguridad es no padecer hambre ni enfermedad; mientras que para otra es no sufrir temores derivados de la violencia directa y que se le garantice el derecho a la vida.
Si bien para Colombia no será nuevo sentarse a negociar un proceso de paz, pues en 2016 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos logró alcanzar un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que hizo que la violencia directa redujera a mínimos históricos; la actual propuesta para asegurar la “paz total” del presidente Gustavo Petro es cerciorarse de cubrir principalmente las dimensiones de seguridad económica, personal, de las comunidades y política de la población civil de las zonas rurales, especialmente en la costa del Pacífico y en las regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador que hoy son azotadas por la violencia ejercida por grupos armados y criminales que rápidamente se apoderaron y controlaron los lucrativos negocios ilícitos dejados por las FARC al deponer la armas en 2016.
Actualmente, el gobierno de Petro divide en cuatro categorías a los grupos armados con los que hay que llegar a acuerdos explícitos para lograr que el cese de la violencia en Colombia; la primera es la última insurgencia de izquierda que existe en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); la segunda son los grupos posparamilitares con raíces en las autodefensas y entre los cuales se encuentran principalmente el Clan del Golfo y el Ejército Popular de Liberación (EPL); la tercera son las disidencias de las FARC que surgieron a partir de 2016; y la cuarta son otros grupos criminales. Estos grupos armados no abanderan una ideología política y tratan de limitar sus enfrentamientos con el ejército, a excepción del ELN que defiende una posición de extrema izquierda enfrentada permanentemente contra el Estado, pero todos prácticamente mantienen un frente abierto entre sí por el dominio territorial para asegurar ingresos económicos del narcotráfico y otras actividades ilícitas y en el que los rehenes son las poblaciones locales a las que someten a través de amenazas, intimidación y explotación.
Quizá a excepción del ELN, prácticamente los grupos armados colombianos intentan convertirse en el principal eje de la economía en las zonas rurales remotas de Colombia; para los jóvenes trabajar con los grupos armados puede ser la única forma de ganarse la vida, los campesinos que intentaban abandonar la producción de coca después del acuerdo de paz de 2016 son presionados para volver a cultivar y los pobladores sin tierra son obligados a recolectar coca; en el caso de las autoridades locales, éstas suelen ser intimidadas para permitir el control territorial a los grupos armados.
Durante el gobierno de Iván Duque el énfasis del ejército fue combatir las actividades ilícitas, especialmente la erradicación de coca, y contraatacar a los grupos armados, lo que ha provocado un descuido para controlar el territorio y preservar la protección de los civiles; descuido en parte inducido por la presión y apoyo económico de Washington sin resultados positivos tangibles hasta el momento, salvo las consecuencias negativas para las poblaciones civiles y los cultivadores pobres. Los primeros suelen quedar atrapados entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad durante los operativos de erradicación forzosa de coca; si una operación del ejército tiene éxito, los segundos son quienes padecen las pérdidas económicas inmediatas, pero ambos suelen sufrir represalias directas que derivan en la muerte.
La idea de Petro es anteponer ante todo la protección de los civiles en una misión militar, sin embargo, el presidente tiene que enfrentarse a la resistencia de algunos altos mandos castrenses que desconfían abiertamente de su pasado guerrillero, aun así sabe que el apoyo del ejército es indispensable para sus objetivos a pesar de que eventualmente tampoco puede permitir que el ejército continúe siendo la autoridad estatal predominante para asegurar el territorio y las dimensiones de seguridad que se requieren salvaguardar para los colombianos inocentes enfrascados en la violencia.
Si bien es pronto para hablar de que las futuras conversaciones de paz con los grupos armados y criminales tendrán éxito, parte de la planeación de Gustavo Petro para alcanzar el objetivo de paz total en Colombia debe considerar, si no es que ya lo ha hecho, conversaciones con actores externos que funjan como aliados; entre ellos, organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, los gobiernos con los que Colombia comparte frontera, especialmente Venezuela y Ecuador, así como Estados Unidos que debe reformular el apoyo que brinda para la lucha contra las drogas.
En esta ecuación, no puede faltar México, ya que según informes de inteligencia los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen vínculos en el negocio de la coca con el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. El presidente Andrés Manuel López Obrador no puede omitir que lo que haga Gustavo Petro puede forzar una reacción de los cárteles mexicanos de la droga, y que, en países como México y Colombia difícilmente se puede pensar en una estrategia en solitario y, por lo tanto, es necesario coordinar acciones. Lo cierto es que México podría quedar entre la presión de Washington y Bogotá para atajar al narcotráfico.