El pasado martes dio inicio el proceso de discusión de la reforma electoral que llevarán a cabo las comisiones de puntos constitucionales, reforma político-electoral, y de gobernación y población -presidida por el cuestionado dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y que fue incorporada de último momento-, para lo cual se determinó la instalación de un grupo de trabajo integrado por 21 diputadas y diputados que deberán analizar las 51 iniciativas que se han presentado para reformar la Constitución y casi 60 a la legislación secundaria, aunque sin duda el debate se centrará en la propuesta del presidente López Obrador. No es exagerado decir que en las próximas semanas se podría definir el futuro no sólo del INE, sino de nuestro sistema democrático.
Resulta paradójico que los principales impulsores de la reforma electoral bajo el argumento de que se debe desterrar el fraude, contar con autoridades imparciales y abaratar los costos de la democracia, sean precisamente quienes han ganado en la gran mayoría de las elecciones en las que han participado desde que su partido obtuvo el registro hace apenas ocho años -incluyendo la presidencia, más de 20 gubernaturas además del control del congreso federal y los congresos locales- y que han sido organizadas por el INE, quienes utilizan la estructura de la administración pública para la operación político-electoral principalmente a través de los llamados “servidores de la nación” como se evidenció en el caso del proceso de revocación de mandato a pesar de estar expresamente prohibido, y que derrochan grandes cantidades de recursos de origen incierto en la promoción de las y los aspirantes a la presidencia violentando las leyes electorales.
De aprobarse la iniciativa del presidente, el INE correría la misma suerte de organismos supuestamente autónomos como la FGR o la inexistente CNDH que hoy están sometidos al poder presidencial, se vulneraría seriamente la equidad en la competencia electoral y se afectaría la representación política de las minorías. Lejos de fortalecer a la democracia, implicaría un retroceso para volver a los tiempos del partido hegemónico.
En este contexto, vale la pena revisar la opinión que emitió la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, que es el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional y particularmente sobre democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, integrada por expertos independientes nombrados por los 61 países miembros -que de inmediato fue descalificada desde el oficialismo, probablemente en muchos casos sin siquiera haberla leído-.
Entre las observaciones de la también llamada Comisión de Venecia, destacan las siguientes:
Se requiere un alto grado de profesionalización y experiencia de quienes integren las autoridades electorales, por lo que su composición no puede basarse en preferencias políticas, y no se otorgan las suficientes garantías de imparcialidad e independencia en la elección por voto popular. El procedimiento propuesto según el cual el INEC se encargará de las elecciones de sus propios miembros, es inusual y crea riesgos para su condición de organismo imparcial.
Al plantearse la desaparición de estructuras descentralizadas, se afecta la certeza y profesionalización del personal y traerá un riesgo para la credibilidad de la administración de los procesos electorales. También existe riesgo si se reducen las atribuciones del INE pues en la última década se ha demostrado su eficiencia en garantizar elecciones genuinas y democráticas.
La centralización de la organización en una única autoridad puede ser más onerosa y complicada, y se podría comprometer el funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral en el ámbito local y federal.
Implementar un sistema de representación proporcional basado en las 32 entidades y suprimiendo los 300 distritos, tiende a favorecer a los partidos más poderosos y a su sobrerrepresentación, en tanto que los partidos pequeños quedarían subrepresentados o incluso con nula representación. Además, al optar por listas cerradas los dirigentes partidistas tendrían mayor influencia en la definición de candidaturas.
Vale la pena destacar que, de acuerdo a la más reciente encuesta publicada por El Financiero, el 68% de las personas aprueba el trabajo que hace el INE en organizar las elecciones, mientras que el 65% considera que funciona bien por lo que solo requiere cambios menores. Todo ello a pesar de que el INE ha estado sujeto a una campaña permanente de golpeteo desde el inicio del actual gobierno por lo que cobra aún más sentido lo que sostiene la Comisión de Venecia en el sentido de que “reformar un sistema que funciona bien y que goza de la confianza de diferentes actores electorales gracias a décadas de evolución democrática, conlleva un riesgo inherente de socavar dicha confianza”.