Me ha llamado la atención el reporte emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre las enfermedades de trabajo, resaltando que durante el año de 2020 fueron las mujeres las que más las padecieron, representando un 60% del total.
Resulta preocupante el dato porque en el año de 2020 que fue el inicio de la pandemia de covid-19 esta enfermedad no fue catalogada como de trabajo, en ocasiones ni siquiera reconocida como enfermedad general.
Sin embargo, en 2019 se reportaron 10 mil 992 enfermedades de trabajo mientras que en 2020 se incrementaron en 119 mil 474 lo que significó un 1 mil 190 por ciento más de las ocurridas anteriormente.
Lo mismo ocurre con los accidentes en trayecto donde las mujeres trabajadoras durante el año de 2020 alcanzaron un 48% de los ocurridos de su casa al trabajo o viceversa, en comparación con los hombres que tuvieron un 52%.
El dato es relevante porque la proporción de mujeres que laboran en el trabajo formal de acuerdo a datos oficiales del IMSS representa apenas un 38.71% y su riesgo es más exponencial que el de los hombres, lo que significa un fenómeno preocupante por la ausencia de una política pública para atender este problema.
De acuerdo con cifras del IMSS en agosto de 2021 estuvieron afiliadas 7 millones 905 mil 768 trabajadoras contra 12 millones 515 mil 055 trabajadores representando éstos el 61.28%. Ello quiere decir que la proporción de mujeres con seguridad social está relacionada con su poca participación en el trabajo formal.
Lo lógico sería que la incidencia en enfermedades de trabajo o de accidente en trayecto fuera proporcional al número de trabajadores afiliados en razón de género, pero ese fenómeno no ocurre así.
Lo grave de estos datos es que ni las organizaciones sindicales, ni los empresarios, ni el gobierno federal tienen un interés real ni mucho menos una estrategia para atender las causas de estas desproporciones que afectan en su mayoría a las mujeres.