El debate en torno a la violencia y la estrategia de seguridad del gobierno es añejo. No es privativo del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, cada mandatario ha defendido con uñas y dientes su propio plan, ha ignorado las acusaciones de nexos de ellos o de sus cercanos con el narco y han pasado a retiro proclamando que se es injusto con ellos.
Juan Ramón de la Fuente y Dení Álvarez Icaza coordinaron a 15 investigadores de primer nivel para el libro Salud mental y violencia colectiva. Una herida abierta en la sociedad. El actual embajador de México ante la ONU y la psiquiatra e investigadora realizaron un esfuerzo académico para explicar el fenómeno desde la psicología, la sociología, la psiquiatría y la antropología.
Me voy a detener en el primer capítulo bajo las firmas de Luis Astorga y César Alarcón, quienes en 30 páginas nos recuerdan el fracaso de las políticas contra la violencia vienen de décadas, antes incluso de los llamados “gobiernos neoliberales”, como gusta motejar Andrés Manuel López Obrador a sus antecesores.
Para quienes no conozcan a Luis Astorga se trata de uno de los académicos de más larga trayectoria en México en la narrativa del narco. El siglo de las drogas, Drogas sin fronteras, ¿Qué querían que hiciera? Son algunos de los trabajos publicados por Astorga, en donde describe palmo a palmo lo que sucede con la violencia del narcotráfico.
En Salud mental y violencia colectiva, Astorga y Alarcón recogen algunas de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular cinco: La primera establece que para minimizar la posibilidad del surgimiento de episodios recurrentes de violencia colectiva se necesita “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles”.
Este primer punto sería de aplauso a la autodenominada 4T de no ser porque mientras era candidato durante una década condenó el uso de las fuerzas armadas, pero hasta hace poco debió de confesar que “cambió de opinión”, y no solo eso, aprovechó las debilidades del dirigente nacional del PRI, Alejandro A(m)lito Moreno para extender cuatro años más la presencia de militares en tareas de seguridad pública, hasta el 2028.
El siguiente aspecto que señalan Astorga y Alarcón tiene que ver con la urgencia de fortalecer la capacidad de la policía para realizar tareas de seguridad pública, con apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, en este punto el país es un auténtico fracaso, incluidos los gobernadores y las gobernadoras.
Una tercera recomendación va en el sentido de reorientar el abordaje del tema de drogas en México de un enfoque de militarización y “combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y salud pública sobre las adicciones y el consumo sin fines de distribución.
En los discursos, desde Ernesto Zedillo, pasando por Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador pareciera que van en el mismo sentido. Pero en los hechos vemos que no: que el enfoque militarista es el que triunfa. Y ahí están los resultados.
Otra recomendación plantea fortalecer las procuradurías en el país, en materia de capacitación técnica e independencia, para poder garantizar investigaciones profesionales. Sin embargo, queda claro que desde el ámbito federal hasta lo local lo que se privilegia es tener un fiscal carnal o carnala.
Finalmente, Astorga y Alarcón retoman una propuesta más de la CIDH que impulsa el establecimiento de un plan coherente sobre cooperación entre las autoridades de procuración de justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, y para no ir más lejos, esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se fue encima de los gobernadores de oposición, en particular los de Chihuahua, Maru Campos; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Nuevo León, Samuel García.
A uno lo acusó de estar tomando vino con Quirino Ordaz, embajador de México en España; a otro de no pasarle videos del C5 en un caso de una masacre… todo para echarles en cara que se oponían a extender hasta el 2028 la presencia de militares en las calles, pero bien que piden que les manden a la Guardia Nacional.
El libro coordinado por De la Fuente, colaborador de Andrés Manuel López Obrador, tiene otros muchos abordajes que, definitivamente, si los escuchara el presidente, la patria estaría salvada.
Punto y aparte. ¿Existe un nexo entre un senador cuatroteísta y Salvador Llamas, el morenista que fue asesinado a balazos por las mismas personas con quienes comía en un restaurante en Guadalajara?
Punto final. Arturo Zaldívar anda en los pasillos de la Corte con un séquito de casi 10 personas, entre ellos sus escoltas.