La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2019, relacionadas con la adquisición de 612 pipas; operación realizada en Nueva York, en la que intervino el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, con recursos provenientes de la filial de Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria, denominada I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
La medida tenía por objeto combatir el robo de hidrocarburos, a través de una medida cara y absurda: cerrar los ductos de la empresa productiva del Estado y abastecer de combustible a las gasolineras por vía terrestre, lo que además implicaba un costo de operación no contemplado. Sin embargo, durante los dos primeros meses de la crisis de desabasto, Petróleos Mexicanos únicamente utilizó 29 pipas (de las 612 adquiridas), para realizar 44 entregas de gasolina, acciones que no tuvieron ningún impacto importante sobre la crisis de desabasto que el gobierno federal generó con el cierre de los ductos.
A la fecha, Petróleos Mexicanos nunca ha informado con precisión a cuánto ha ascendido el robo de hidrocarburos desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que invirtió 11 mil 988 millones de pesos en el equipo de monitoreo de ductos, denominado Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), como se documentó en este espacio desde hace tres años.
Otro dato inquietante
La empresa mexicana Libre Abordo, sancionada por Estados Unidos, según se puede corroborar en la página de la Embajada de ese país en México, utilizó un esquema de fachada para supuestamente proveer de ayuda humanitaria y pipas a Venezuela, a cambio de petróleo, a pesar de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, a través de la Orden Ejecutiva 13850.
Operaciones de Libre Abordo movieron 30 millones de barriles de petróleo venezolano, a cambio de alimentos gestionados por el órgano descentralizado denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con el apoyo del subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, según documentó El País y la comunidad de periodistas venezolanos denominada Armando.Info.
El 25 de septiembre pasado, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, presentó una denuncia de hechos probablemente constitutivos de delitos, ante la Fiscalía General de la República, cometidos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, por 8 mil 636 millones de pesos; cifra que equivale a poco más de 2.5 veces el desvío documentado en la investigación denominada La Estafa Maestra, que realizaron Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, hacia el final de la administración de Enrique Peña Nieto.
Resultados de la auditoría 283-DE realizada a la Cuenta Pública 2019, demuestran que Segalmex no acreditó información sobre la aplicación de recursos fiscales por casi 8 mil 200 millones de pesos; además de que realizó pagos a funcionarios por concepto de “maniobras y pago de personal”, por casi 300 millones de pesos, sin haberlos comprobado.
Segalmex —entonces dirigida por Ignacio Ovalle Fernández, quien fuera director general de Conasupo durante la administración de Carlos Salinas de Gortari— “no justificó ni acreditó” alrededor de 94.5 millones de pesos por las entradas de productos de la canasta básica a los almacenes de DICONSA (entidad encargada de su custodia y administración); tampoco pudo acreditar la existencia física de inventarios de maíz y frijol, que se presentan en los registros contables en el rubro de “Inventarios” al 31 de diciembre de 2019, por casi mil 500 millones de pesos, ni la compra de trigo panificable por 500 millones.
Lejos de solicitar su separación del encargo, para proceder a las investigaciones respectivas, Ignacio Ovalle Fernández fue nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto, la auditoría 327-DE practicada a la Cuenta Pública 2020 exhibe “probables daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal por un monto de casi 105 millones de pesos, por partidas en conciliación en dos cuentas concentradoras y 27 subcuentas, correspondientes a salidas de efectivo no identificadas por Segalmex”.
Servidores públicos de esa descentralizada “omitieron” resguardar la documentación que acredita el registro contable de la venta de maíz y frijol a Diconsa, por mil 334 millones de pesos; además de que se documentó el faltante de granos por más de 212 millones y mil 445 millones de pesos transferidos a Liconsa, para la compra de 520 millones de litros de leche a medianos y pequeños productores. Segalmex “no proporcionó el soporte documental de las facturas que acredite el pago a pequeños y medianos productores sujetos al subsidio”.
Al cuantioso daño a la hacienda pública hay que sumar el cometido contra los campesinos y productores de básicos, en un momento en que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que la pobreza en México sumará a 2.5 millones de personas más, en 2022.