COOPERACIÓN MÉXICO, COLOMBIA Y EU PARA CONTRIBUIR A LA PAZ TOTAL

México, entre Washington y Bogotá (Parte 2)

Para lograr la Paz Total en Colombia y para la lucha contra el narcotráfico que encabeza EU a nivel global, el esfuerzo de México es más que necesario. | Alicia Fuentes

Escrito en OPINIÓN el

La primera parte de este artículo concluyó con la afirmación de que México podría quedar entre la presión de Washington y Bogotá para atajar al narcotráfico ¿por qué? Porque Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo, mientras que los cárteles mexicanos de la droga dominan la importación y distribución de cocaína de origen colombiano en Estados Unidos que se trafica a través de la frontera con México.

Para lograr la Paz Total que busca el presidente Gustavo Petro en Colombia y para la lucha contra el narcotráfico que encabeza Estados Unidos a nivel global, no cabe duda que el esfuerzo de México es más que necesario, pues la rivalidad entre cárteles mexicanos como Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no sólo se desarrolla en nuestro país, su internacionalización se ha convertido en uno de los detonantes de conflictos entre grupos armados locales que operan en la frontera colombo-venezolana (como el ELN, la Segunda Marquetalia y el cártel de los Soles), así como en un freno para el tráfico de cocaína hacia el territorio estadounidense. 

De hecho, los emisarios de los carteles de Sinaloa y CJNG exigen a los cultivadores de coca en Colombia que siembren cepas de coca hiperproductivas para aumentar la producción de cocaína; además de que se han expandido a otros países latinoamericanos, a Europa, Asia y África como si se tratase de una estrategia internacional por la competencia del lucrativo negocio de la cocaína

En América Latina, la competencia y actividades del cártel de Sinaloa y CJNG no sólo se manifiesta en Colombia, se han esparcido a países como Nicaragua, Ecuador, Perú y Chile; su modus operandi se ha diversificado en relación con las rutas y puertos que tradicionalmente habían sido utilizados para el tráfico de la cocaína, puertos como Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay, y San Antonio, Chile, ya forman parte de rutas del tráfico de cocaína hacia el mercado europeo y asiático, proporcionando un contexto seguro por no estar identificados como espacios directamente involucrados en el narcotráfico.

Europa ocupa un lugar importante no sólo porque la coca es la segunda droga ilícita más consumida en el viejo continente, también porque en el trasiego de cocaína se facilita a nuevos mercados, como el Medio Oriente o Asia en donde alcanza un valor hasta 10 veces más alto que en América. El cártel de Sinaloa es probablemente el principal proveedor mayorista de cocaína en Europa (aunque el CJNG le sigue los pasos), con nuevos puntos de entrada, como Alemania y Francia, y operaciones en Holanda, Bélgica, Italia, España, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Serbia, Albania, Rumanía y Eslovaquia. 

En Asia, el cártel de Sinaloa trafica cocaína hacia y a través de Turquía, además de que opera mercados de droga en la frontera compartida entre Brasil, Argentina y Paraguay de la mano con el grupo militante libanés Hezbolá, aun con el riesgo de ponerse en la mira del contraterrorismo estadounidense.

En África, el cártel de Sinaloa, apoyado de una red de colaboradores locales controla la ruta Guinea-Bissau para el tráfico de cocaína que llega de Sudamérica para después llevarla a España e Italia, ruta en la que según medios de comunicación compartía en acuerdo con el CJNG, al menos hasta la extradición de “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos en 2017.

Si bien fuera de América Latina parece que los cárteles mexicanos operan de manera menos confrontativa con las fuerzas del orden, especialmente en Estados Unidos y Europa, no por ello su impulso empresarial no es destructivo. El narcotráfico es un fenómeno económico y no político y en la medida que se presente una oportunidad para hacer crecer el negocio allí estarán. 

Es claro que mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y su sucesores, no sean efectivos para contrarrestar las operaciones de los cárteles de la droga en México el país puede estar padeciendo una presión sin precedentes desde Estados Unidos, país al que de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza el 79% de la cocaína ingresa por los puertos fronterizos de entrada oficiales y el 21% lo hace por puntos ubicados entre los puertos de entrada. 

En el caso de Bogotá la presión se vislumbra cercana pues parte de los grupos armados ilegales con los que el gobierno de Gustavo Petro quiere negociar la paz han confirmado su voluntad para negociar un cese al fuego bilateral, este es el caso de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Comando de Occidente. 

La cuestión aquí para los gobiernos colombiano y mexicano es cómo evitar que los cárteles mexicanos llenen el vacío criminal que dejarán las disidencias y demás grupos armados colombianos que depondrán las armas y las economías ilícitas para colaborar en una agenda social junto al gobierno de Petro. 

Para Colombia, la prioridad es impedir que se repita el escenario que se vivió después del acuerdo de paz en 2016, en el que al retirarse las FARC de varios territorios éstos fueron ocupados por el ELN, las disidencias de las FARC y nuevos grupos criminales, así como también los patrones de cultivo de coca cambiaron principalmente por que los entonces cocaleros colombianos esperaban recibir una compensación por abandonar los cultivos ilícitos

Para México es fundamental aprovechar esta oportunidad para trabajar de manera coordinada con los colombianos, coordinación que será inútil si Estados Unidos no se compromete seriamente a reducir la demanda de cocaína en su territorio. 

Para Estados Unidos, México y Colombia, así como para toda la región, es una coyuntura óptima para cambiar el enfoque que se ha dado en la lucha contra el narcotráfico, es evidente que se requiere de un enfoque multisectorial en el que la educación y la salud pública sean ejes rectores, muy de la mano con los enfoques económico y político