Estamos dando inicio a un nuevo ejercicio anual, a un año nuevo 2022, y no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer una reflexión profunda y juiciosa de los logros y metas alcanzadas, pero sobre todo de los objetivos que debemos plantearnos en esta nueva etapa que tenemos por delante y que nos obliga a mejorar lo que hasta ahora hemos venido haciendo.
En este espacio quiero hablarles un poco de lo que puede ser esta reflexión en materia de los retos que tenemos en cuanto a la seguridad en nuestras ciudades, pueblos y comunidades, en nuestra sociedad actual que sigue experimentando la falta de condiciones, ya no digamos óptimas, sino mínimamente suficientes para cambiar el entorno y la perspectiva de las cosas, para que este tema, que durante mucho tiempo se ha mantenido como el reclamo número uno de los ciudadanos, pudiera encontrarse al menos básicamente resuelto.
En materia de seguridad pública, ciudadana o humana, como se le quiera denominar, definitivamente hay todo por hacer, me explico: la tarea y los retos que tenemos por delante el gobierno y los ciudadanos, son los mismos desde hace décadas. Estamos colocados en una situación más grave que cuando iniciamos –si es que se pudiera establecer claramente el punto de inicio– de manera que los asuntos pendientes de resolver son los mismos, solo que la situación empeora cada vez más, seamos realistas y asertivos en ello. Si analizamos las posturas oficiales sobre el tema veremos que lo único con lo que se nos trata de convencer de que las cosas están funcionando ocurre cuando hay cifras estadísticas que señalan que tal o cuál delito ha disminuido en determinado período en comparación con el mismo período del ejercicio anterior o algo parecido, aún cuando verdaderamente esa disminución no pueda ser explicada con base en acciones o estrategias implementadas, pero de ahí no hemos pasado, la realidad de las cosas es que esa estadística no es sostenida ni mantiene la tendencia a la baja, en la mayoría de los casos vienen otros meses en los que las cifras vuelvan a subir y quizá otras bajen, es un juego de nunca acabar.
Los retos y objetivos que hoy tenemos por delante deben enfocarse en cosas totalmente distintas, deben establecer rutas y destinos encaminados a alcanzar logros sostenidos, no inmediatos y efímeros. Debemos plantearnos estrategias que verdaderamente atiendan a una realidad que nos grita a la cara todos los días que lo que se ha venido haciendo no ha funcionado para nadie, ni siquiera para los políticos en sus afanes de poder y de perpetuación, es momento de que nos demos cuenta de que tenemos la obligación de hacer cosas diferentes si queremos obtener resultados diferentes.
Recientemente se han cumplido 26 años desde que, en la administración federal del presidente Zedillo, en el año 1995, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, teniendo objetivos muy ambiciosos y metas definidas que tenían que ver, grosso modo, con la profesionalización de las policías en todo el país y la obtención de condiciones adecuadas en materia de profesionalización, equipamiento, servicio civil de carrera policial, entre otros, es decir, se buscaba el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones policiales en México con una importante inyección de recursos presupuestales, sin embargo, después de casi tres décadas, como lo dije anteriormente, parece ser que estamos igual o peor que al principio, siendo este dato únicamente un botón de muestra, aunque de la mayor importancia, para que quede claro que debemos cambiar las cosas como se han venido haciendo.
Para ser más específico pondré algunos ejemplos de lo que considero que podríamos empezar a hacer diferente para que las cosas fueran positivamente diferentes: a) Elaborar una declaración de principios en materia de seguridad y justicia penal que se constituya en una verdadera política criminal, como punto de partida y marco de referencia para la elaboración de planes y estrategias específicos; b) Designar a la seguridad un porcentaje fijo del presupuesto público de dos cifras, que cuando menos triplicara el presupuesto que ahora se destina y fuera algo fijo, mediante un programa de ejercicio presupuestal que atienda a las necesidades reales y no a normas técnicas elaboradas por quienes no conocen de la materia; c) Reasignar orgánicamente a las instituciones que conforman el sistema de seguridad pública y justicia penal, a efecto de alejar de la política y de la administración pública centralizada las decisiones en esta materia, para que sean dirigidas por expertos en la materia, con base en estudios empíricos y científicos, que permita hacer efectiva la autonomía constitucional, orgánica, reglamentaria y presupuestal de las instituciones; d) Establecer un esquema efectivo de transparencia y rendición de cuentas con observación ciudadana en las funciones de seguridad y justicia penal, y; e) Refundación de las instituciones policiales que permita generar bases sólidas y permanentes donde se cumplan los principios mínimos para el fortalecimiento institucional.
RENÉ URRUTIA DE LA VEGA.
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