El gobernador del estado de Morelos, México, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presentó el lunes 17 de enero una denuncia de hechos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República contra los ‘supuestos narcopolíticos que –dijo– quieren desestabilizar su gobierno’. “Tope donde tope. Yo no voy a parar. Vamos contra quienes resulten responsables”, dijo ese día.
Está bien. Está en su derecho de defenderse de lo que considera agravios en contra de su gobierno y de su persona. Por lo menos si se trata de lo que en semanas recientes se ha conocido respecto de un presunto vínculo suyo con gente del crimen organizado con intereses en el estado.
El primer llamado de atención provino de un reportaje publicado en la cadena de Los Soles de México (OEM) el 4 de enero y firmado por su corresponsal en aquella entidad, Rivelino Rueda.
Sobre todo lo que tiene que ver con la imagen ahí presentada –la que según el mismo medio fue verificada por el equipo de fotografía de la Organización Editorial Mexicana (OEM)– en la que se están con Cuauhtémoc Blanco, Irving Eduardo Solano Vera “El Profe” o “El Gato” quien en el texto de Rueda dice que se trata del líder del Cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.
Al lado también aparece Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, líder del grupo conocido como Comando Tlahuica o Los Tlahuicas. En el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, El Ray, líder regional del CJNG en Morelos. (Esta persona –según reportes- fue asesinada el 30 de octubre de 2019 en el Centro de Reinserción Social “Morelos”, en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos de internos).
Días más tarde se dio a conocer otra fotografía en el mismo sentido. A lo que en todo momento el gobernador de Morelos acusó de acoso político a su gobierno y que él, por ser una figura pública, se retrata con mucha gente y no por eso está vinculado con cada uno de ellos, no les pregunta su actividad –según argumentó el Ejecutivo de Morelos-.
En adelante se han sugerido algunos escenarios en los que se tomaron esas fotografías, en el primer momento se habló de la casa misma del político, en otro momento dicen que se trató de la Casa de Gobierno de Morelos y también que fue en una iglesia de Yautepec.
El vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomas Toral Nájera, confirmó el 7 de enero que la fotografía en la que aparece el hoy gobernador de Morelos fue tomada al interior de la parroquia de la Asunción, en Yautepec.
Previo a una serie de precisiones-imprecisiones, en algunos municipios de la entidad aparecieron mantas firmadas por grupos de la delincuencia organizada en la que suponen beneficios que estos grupos otorgaron al ex futbolista:
“Hasta aquí se rompen los acuerdos” y con palabras altisonantes, le exigen respeto o anticipan que revelarán datos del asesinato del luchador social y opositor de la termoeléctrica de Huexca, Samir Flores Soberanes. Blanco contestó que “las narco-mantas me dan risa”…
En adelante grupos políticos opositores al gobierno del político que llegó al gobierno con la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el Partido Encuentro Social, Morena y el Partido del Trabajo (PT) comenzaron a buscar que el gobernador aclare tal situación.
El gobernador ha contestado ya con la demanda de hechos. Y señala y acusa de acoso político e intentos de desestabilización a personas de gobiernos anteriores e incluso promete señalar a políticos en activo.
Por supuesto el asunto no es para menos. Los señalamientos que se hacen al gobernador actual son muy delicados. Extremadamente si se considera lo grave que podría ser si se confirman estos vínculos dañinos. Aquello que Morena enarbola como la lucha en contra de la corrupción podría chocar con una realidad aun no probada pero suspicaz.
El Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, adelantó que el gobernador, Cuauhtémoc Blanco “inexorablemente será citado a declarar para explicar posibles vínculos –o no– con personajes de la delincuencia organizada, dentro de la carpeta de investigación que ya se ha abierto a petición de los diputados locales con relación a la fotografía publicada”.
En todo caso, el gobernador Blanco tendrá que probar que no tiene esos vínculos; que no ha recibido ningún apoyo o dádiva ni cuando fue presidente municipal ni hoy como gobernador. Y que en efecto lleva a cabo una política de seguridad pública impecable y con resultados en ley. Tendrá que probar las acusaciones que hace en su denuncia, también.
En cualquier caso, esto vale como ejemplo para todo gobierno estatal o municipal en todo el país. Quienes son señalados como políticos vinculados con el crimen organizado deberán demostrar que no es así; que no comprometen ni la vida de la entidad ni la seguridad de sus habitantes…
No hay que olvidar que durante la reciente contienda electoral fueron muchos los candidatos de distintos partidos asesinados por ‘extrañas razones’ en numerosos casos sin resultados en las investigaciones policiacas.
Y la pregunta aparte es: ¿Cuántos candidatos fueron impuestos por este tipo de organizaciones? ¿Quiénes son? ¿Gobiernan? ¿Y el gobierno federal qué hace en esta materia para limpiar y hacer de este país un dechado de transparencia, democracia y pulcritud de gobierno según tiene prometido? ¿Será? ¿Y los Tribunales de lo electoral?