La Iniciativa de Reforma Constitucional en materia energética, enviada en septiembre pasado por el Ejecutivo Federal al Congreso, implica una completa transformación sobre la forma en la que actualmente opera el sector eléctrico. Se propone que la CFE recupere su posición predominante en toda la cadena productiva, asuma funciones reguladoras, fije las tarifas, controle el despacho y ejecute la transición energética. En caso de ser aprobada, esta transformación tendría diversas consecuencias sobre la economía del país. Algunas de ellas las abordaremos en este espacio.
Con respecto a sus efectos sobre las finanzas públicas, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que la aprobación de la Iniciativa tendría un impacto presupuestario de 261 mil millones de pesos (mdp), equivalentes a 0.94% del PIB de 2022. Este monto incluye los costos por indemnizaciones, sobrecostos de operación, aumento de subsidios a las tarifas eléctricas y mayores montos requeridos de inversión.
La existencia de costos por indemnizaciones obedece a que la cancelación de contratos de compra-venta de energía, que la Iniciativa propone, podría activar cláusulas de protección a la inversión que obligarían al Estado a compensar los montos de inversiones realizados por el sector privado. La posible modificación en la extensión de dichos contratos y la eliminación de los Certificados de Energías Limpias (CELs) necesariamente modificaría el retorno de la inversión en estos proyectos. Cabe indicar que las cifras estimadas no toman en cuenta los flujos futuros esperados de estos proyectos, los cuales también podrían ser sujetos de indemnizaciones.
Acerca de los sobrecostos de operación, cabe recordar que la Reforma de 2013 modificó el criterio de despacho eléctrico, privilegiando la entrada de plantas más competitivas. Por tanto, las plantas de CFE que actualmente no están en operación y que tendrían preferencia de entrada a la red a partir de la Iniciativa, pueden presentar costos de operación más altos. La estimación de los sobrecostos tomó en cuenta costos de operación promedio de las plantas de CFE que están actualmente en operación. Estos sobrecostos también justifican el aumento de los subsidios estimados, pues se consideró la promesa del gobierno federal de que las tarifas eléctricas no tendrán aumentos por encima de la inflación.
Con respecto a los costos de inversión, distintos organismos como el CIDE, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Instituto Europeo en Economía y Medio Ambiente coinciden en que la aprobación de la Iniciativa eliminaría incentivos a nuevas inversiones del sector privado. Para no debilitar a la industria eléctrica nacional, un supuesto que se utilizó es que los montos de inversión que antes realizaba el sector privado tendrían que ser llevados a cabo por la CFE, con cargo al erario.
A este respecto, la CFE mencionó a través de un comunicado publicado en redes el 26 de diciembre de 2021 que se sobreestimaba el impacto presupuestario, pues el documento asumía ese total como si ninguna empresa privada quisiera participar en la generación de energía […] tampoco toman en cuenta que muchas de las plantas generadoras de CFE no operan actualmente a toda su capacidad por la reforma de 2013.
Desde el CIEP damos la bienvenida a la discusión sobre la metodología utilizada en esta investigación, la cual puede replicarse y actualizarse con información que la CFE proporcione sobre el costo fiscal que la Reforma Eléctrica tendría en caso de ser aprobada en los términos en que se encuentra.
Reiteramos que el CIEP es un centro de investigación de la sociedad civil, sin fines de lucro ni agenda partidista, que provee información y análisis accesibles, relevantes y técnicamente sólidos para incidir, mejorar y democratizar las discusiones y la toma de decisiones en economía y finanzas públicas, con el propósito de darle sostenibilidad al sistema fiscal en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Con nuestras investigaciones buscamos contribuir al debate público, fomentar la transparencia y la toma de decisiones informadas en evidencia, considerando la participación ciudadana como eje central de mejores democracias y servicios públicos.
*Joel Tonatiuh Vázquez Pérez | Coordinador de Transición energética y finanzas públicas. Es Egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Realizó una maestría en Economía ambiental en el Centro de Investigación y Docencia Económica, donde obtuvo el reconocimiento por la mejor tesis de su generación, enfocada en la valoración económica de la energía renovable. Ha sido profesor adjunto en el CIDE y en la Facultad de Economía. Actualmente funge como coordinador de Transición energética y finanzas públicas en el CIEP. Le interesa la promoción de la transición energética y la mitigación de los efectos del cambio climático.