Hace unos días, la solicitud que por segunda vez había presentado la FGR para que se ordenara la aprehensión de 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACYT, para que fueran ingresados al penal de Almoloya por delincuencia organizada y lavado de dinero entre otros delitos, generó mucha preocupación por lo desproporcionado del asunto y porque de acuerdo a la información que ha dado a conocer la misma Fiscalía, así como la respuesta de los jueces y de la propia SCJN en la resolución de un amparo, las acusaciones no se sostienen puesto que la actuación de las y los integrantes de este Foro Consultivo se ajustó a la ley.
De hecho, en condiciones normales cuando en una institución se detecta un manejo inadecuado de recursos públicos, generalmente se inicia un procedimiento administrativo y si derivado de la investigación se desprende además la comisión de un probable delito, se presenta la denuncia. Pero en este caso, tanto la titular de CONACYT como la FGR consideraron que se trata de una organización criminal conformada por delincuentes de la mayor peligrosidad, y por tanto amerita que se les aplique toda la fuerza del Estado para que lleven su proceso en un penal de máxima seguridad y se les impongan las penas más altas que podrían alcanzar los 40 años de cárcel.
No se entiende que en un país como el nuestro, que enfrenta a poderosos cárteles dedicados al narcotráfico, trata de personas, secuestro, extorsión y que actúan cada vez con mayor violencia llegando a controlar amplias zonas del territorio nacional, la FGR se avoque a la persecución implacable de un grupo de científicos y académicos al grado que, por tercera ocasión, insistirán para conseguir la orden de aprehensión. En un principio se pensaba que posiblemente se trataba de una revancha personal, lo que de por sí es muy delicado, pero resulta aún más preocupante cuando el presidente lo respalda y además aprovechó para dar lectura a un tweet en el que un supuesto científico al que se refiere como “uno de ese grupo” -que nadie conoce, no tiene que ver con el Foro Consultivo y ni siquiera se tiene certeza que sea real- ofende a López Obrador y a su esposa, con lo que pareciera que justifica el embate a la comunidad académica por los abusos de las élites en el periodo neoliberal.
Lo que preocupa, no es que se investiguen posibles irregularidades en el uso de recursos públicos que, si se comprueban, por supuesto deben ser sancionadas, sino que para ello se recurra a un régimen de excepción para combatir a la delincuencia organizada que, como señala la doctora Catalina Pérez Correa implica la reducción de los derechos de los acusados, una mayor discrecionalidad en la actuación de las autoridades, con lo que se podría estar mandando el mensaje que “cualquiera que disguste a las altas esferas del poder puede estar sujeto a persecución penal con las herramientas más brutales con que cuentan”.
Entre las diversas reacciones que se han generado por parte de integrantes de la comunidad científica y académica como la UNAM, el CIDE, el Colegio de México, la Academia Mexicana de Ciencias, de Ingeniería, de Medicina, de la Lengua, o el Colegio de Bioética que, con razón, se sienten amenazadas, destaca el pronunciamiento de más de 30 Premios Nacionales de Ciencias y Artes a quienes de tiempo atrás ya preocupaban las constantes agresiones desde el gobierno pero ahora se han prendido las alertas por lo que consideran una persecución verdaderamente inquietante. No debemos pasar por alto lo que ha sucedido en otros países como Hungría o Turquía en los que, de los ataques verbales se escaló a la persecución judicial contra quienes piensan distinto. Es indispensable que ante todo defendamos las libertades, y no permitamos que se rebasen los límites que corresponden a una democracia y a todo Estado de derecho.