Al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, no le gustan las protestas, ni plantones, ni que le exijan cumplir con la seguridad social de sus maestros. Las clínicas y hospitales están en la mayor carencia y hay largas filas de espera para los enfermos que requieren estudios y cirugías con urgencia, faltan médicos generales y especialistas, equipos y medicamentos.
El 14 de septiembre pasado el gobernador mandó a desalojar a los maestros que protestaban frente al palacio de gobierno en la Ciudad de Saltillo después de 135 días de reclamos. Dispuso, en lugar de médicos para su atención, a 200 policías para retirarlos del lugar de forma violenta.
Riquelme, en lugar de ofrecer a los maestros reclamantes una clínica, mandó a la fuerza a la cárcel al profesor Gustavo García Torres, vocero de la Coalición de Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, para que callara todo reclamo.
En lugar de medicamentos el gobernador coahuilense dejó en pedazos su campamento para ver si así se curaban y dejaban de protestar.
La prensa local ha callado todo acontecimiento relacionado con actos represivos del gobernador y mejor se ilustran páginas de sociales donde degusta la clase alta de la sociedad coahuilense.
Tampoco aparecen los actos de corrupción registrados por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Anticorrupción por delitos que -según la ASE- generaron un daño al patrimonio de las Instituciones por más de mil 300 millones de pesos. Eso no se dice, mejor se calla.
Quienes gobiernan en Coahuila están hartos de que se les denuncie por el abandono al Fondo de Pensiones que ronda en los 3 mil 600 millones de pesos en tanto que al Instituto de Servicio Médico se alcanzan más de 600 millones de pesos. No les importa que los maestros y sus familias encaren la indolencia gubernamental.
A pesar de las denuncias de la Coalición de Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, integrada por profesores del Sistema Educativo Estatal agremiados a la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y de la Universidad Autónoma de Coahuila hay silencio de las instituciones locales.
En las Fiscalías, General y Especializada en delitos de Corrupción, y el Sistema Estatal Anticorrupción cada que se les pregunta dicen: “estamos investigando”, pasan meses y meses y no sancionan a nadie para que no se enoje el señor gobernador y pueda seguir cobrando sus altos salarios.
En las mesas que se llegaron a formar en el mes de agosto con el gobierno coahuilense, y que luego desconoció, resaltaron varios puntos preocupantes:
a) La falta de pago de las pólizas de Seguro y Retiro a pensionados desde hace 5 años hasta la fecha y la falta de pago del fondo de defunción a los beneficiarios de quienes lamentablemente han fallecido.
b) La incertidumbre que prevalece en la Dirección de Pensiones respecto al estado de las Cuentas Individuales de los trabajadores activos y el grave riesgo de que al momento de su retiro no dispongan de su dinero porque los recursos de dichas cuentas están siendo utilizados para cubrir el pago de la nómina de los pensionados y jubilados adscritos a la Institución.
c) La carencia de recursos en dos de las más sensibles Instituciones (Pensiones y Servicio Médico), se agrava por las enormes deudas que cargan y no se atienden.
d) La persistente deficiencia en la prestación de los servicios médicos, la deplorable condición de las instalaciones y la grave falta de medicamentos para los pacientes en las Clínicas del Magisterio de todo el estado.
e) La falta de información sobre los resultados de las investigaciones que se hubieran realizado a partir de las 16 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en los años 2015, 2016 y 2018, según las cuales se habría ocasionado el mencionado daño patrimonial por más de mil trescientos millones de pesos.
f) La falta de préstamos para adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda, derivado de la carencia provocada por irregularidades administrativas y desvíos de recursos.
La Coalición de Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila ha obtenido varios logros, entre ellos una sentencia favorable de la SCJN, que en mayo de 2020 invalidó los inconstitucionales pagos y copagos, que injusta e indebidamente recaían en los maestros por la prestación de servicios médicos.
Ellos no cesan en sus demandas a pesar de enfrentarse a un gobierno sordo, represivo y pequeño como el del gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.