El pasado 9 de agosto del presente año, se publicó el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, donde se destaca que los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra, en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Mencionan que la mayoría de estos cambios que observamos y sentimos en el clima no tienen precedentes en cientos de miles de años, y que algunos de los cambios que ya están ocurriendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Algo importante que también destaca este informe, es que ya está comprobado científicamente que la actividad humana es la causante de las variaciones en el clima y de los eventos extremos.
Como lo comentaba en mi artículo anterior, el cambio climático ya es una cuestión del presente, ya lo estamos viviendo y este informe nos lo afirma con datos duros y con bases científicas, así que ya no es una opción creer o no el cambio climático. Lo que nos queda por hacer como humanidad, es actuar para que las consecuencias del mismo no sean tan devastadoras a lo que ya se pronostica, si no actuamos a tiempo. Es por ello que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, asegura que este informe es un código rojo para el mundo. Lo que se pretende es no superar el 1.5 grados centígrados de temperatura promedio global en este siglo y para ello debemos transitar hacia la descarbonización y la neutralidad de carbono al 2050.
Por todo lo anterior, es necesario que exista una norma jurídica en los temas climáticos, que brinde claridad y marque una ruta e instrumentos sobre los objetivos y acciones a seguir, que otorgue atribuciones, obligatoriedad, responsabilidad y sancione a quienes la infrinjan.
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 50% al 80% de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático serán implementadas a nivel subnacional, por lo que los estados juegan un papel clave; pues son los responsables directos de las políticas públicas en sectores que se encuentran estrechamente vinculados con la emisión y regulación de los gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI), como lo son en los temas de movilidad, de gestión de los residuos, eficiencia energética, prácticas forestales y agropecuarias, en la gestión integral del agua, por mencionar algunos. Estudios indican que una legislación subnacional en materia de cambio climático actualizada y progresiva, permite dejar claras las atribuciones de su competencia en la materia ante los diversos ámbitos del orden subnacional. Además, contar con ella, establece una visión a largo plazo que hace que trascienda los cambios de gobierno y esto, sin duda, otorga certeza jurídica.
En México, desde el 2012, se cuenta a nivel federal con la Ley General de Cambio Climático, la cual establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y regular las acciones para la mitigación y la adaptación en México. Su objetivo es fomentar la protección al ambiente y el equilibrio ecológico, así como emitir recomendaciones a las autoridades correspondientes con el objetivo de mitigar el cambio climático. Como los temas climáticos van cambiando de manera acelerada, esta ley se ha actualizado en 2018, también para hacer mención de los compromisos internacionales que, como país, México ha adquirido, como el Acuerdo de París, que se ratificó en el 2016. El primer estado en contar con una ley de esta índole fue Veracruz, que la tuvo en 2010 con una última reforma en 2013.
De los 32 estados del país, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán no cuentan con una ley de cambio climático, y aunque la mayoría de los estados mexicanos cuentan con una ley, es importante que estas se encuentren actualizadas y hagan frente a la crisis climática que se está viviendo según las particularidades de los territorios, pues sabemos que las afectaciones del clima varían según las regiones; donde se pueden presentar cambios en la humedad y la sequedad, en los vientos, en la nieve y en el hielo, en las zonas costeras y en los océanos.
Estas leyes deben ir acorde a las realidades, necesidades y capacidades de cada estado. Existe el interés y compromiso de varios de ellos, con los que actualmente tengo la oportunidad de colaborar, de contar con una ley de cambio climático actualizada, innovadora y aplicable, pues sus gobiernos saben que esto es fundamental para hacer frente, tanto a la mitigación como a la reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia en la población, así como contar con acciones ambiciosas que lleven eventualmente a la ruta de la descarbonización y hacia el cero neto que el informe del IPCC nos señala como parte de la solución ante esta crisis.
Estas actualizaciones fomentan además la transversalidad del tema, pues no sólo es una cuestión a tratar de las dependencias ambientales de los estados. El tema climático incide y afecta en la producción de los alimentos, en la salud, en la provisión de energía, agua, en la economía (afectaciones diversas en los sectores productivos e industriales) por lo que se debe ver como un tema de seguridad nacional y esa es la relevancia que se le debe dar así como el presupuesto que se le debe asignar.
Según datos de ICLEI (Local Governments for Sustainability) al 2020, 535 gobiernos subnacionales en el mundo se han comprometido a la carbono neutralidad a través de su legislación. Cabe mencionar que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, recientemente actualizada y aprobada en el Congreso, en su artículo séptimo transitorio, hace mención de transitar hacia la neutralidad de carbono al 2050, por lo que la hace una ley progresiva en México.
Aún falta mucho por hacer en este tema, pero estas son noticias esperanzadoras que sin duda debemos resaltar y hacer ver para que más gobiernos subnacionales en México y en el mundo transiten hacia allá.
* Ximena Celis Barquera
Coordinadora de Proyectos y Alianzas Estratégicas en Política y Legislación Ambiental (POLEA). Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Maestra en Educación Ambiental por la Universidad ORT México. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, además de contar con estudios en la ESC Rouen, Francia.
Cuenta con 10 años de experiencia trabajando en proyectos ambientales, sobre todo en temas de educación ambiental, ecotecnologías, agua, gobernanza y participación ciudadana, así como adaptación al cambio climático.