El proceso electoral 2020-2021 sigue en curso por diversos motivos, el principal, por la serie de medios de impugnación interpuestos por diversos actores políticos y que los órganos jurisdiccionales tanto locales como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran analizando y resolviendo.
No obstante, se escuchan diversas voces de académicos, especialistas, legisladores y legisladoras relacionados con el ámbito electoral, que ya adelantan una serie estructurada de temas que podrían ser analizados en la siguiente legislatura federal para una posible reforma político electoral.
En razón de ello, es importante referir algunos temas que se han vislumbrado como probables rubros de análisis y discusión. Enuncio los principales a continuación.
• La revisión del presupuesto destinado a las autoridades electorales con el objetivo de buscar que los mismos encuadren en una política de austeridad.
• El análisis de la viabilidad para la reducción de una parte o de todos los espacios legislativos que son electos en la Cámara de Diputados y Diputadas por la vía de representación proporcional.
• La revisión de diversas atribuciones del INE que podría derivar en que diversas funciones sean absorbidas por el propio Gobierno.
• La examinación de las redes sociales durante los periodos de las campañas electorales.
• Exploración del uso de los sistemas electrónicos para la recepción del voto de las y los ciudadanos.
• La posibilidad de integrar un método diferente para la selección de consejeros y consejeras del INE, así como de los institutos electorales locales.
• Revisión del sistema de medios de impugnación.
• La posible renovación anticipada de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
• Renovación anticipada de algunos consejeros o consejeras del INE.
• Revisión del umbral mínimo de votación que necesita un partido político para conservar su registro, entre otros.
En este sentido e independientemente de lo que determine el legislativo me parece que más allá de estos posicionamientos habría que valorar con toda serenidad y objetividad que han costado mucho trabajo edificar las instituciones electorales, y que, en mi opinión, gracias a su solidez tenemos elecciones libres y democráticas. No obstante, sí hay temas que deben ser analizados en beneficio de nuestro sistema democrático electoral de los cuales apunto, entre otros, los que me parecen más apremiantes.
- Necesaria revisión del financiamiento otorgado a los partidos políticos, tanto nacionales como locales, con indicadores que sean proporcionales a la situación económica de nuestro país. Esto significaría una importante disminución a los recursos otorgados a estas instancias de interés público en beneficio de la sociedad.
- Incorporar en la legislación electoral la obligatoriedad de que los partidos políticos presenten candidaturas que cumplan con acciones afirmativas para que la población indígena, de la diversidad sexual, afromexicanos y afromexicanas, así como personas con discapacidad puedan formar parte del Congreso de la Unión.
- Establecer en la legislación electoral la figura de diputado migrante de representación proporcional.
- Estudiar a fondo la incorporación en la normativa electoral del uso de herramientas tecnológicas como el uso de las urnas electrónicas e inclusive, el uso de internet para la recepción de la votación de la ciudadanía en la República mexicana con el objetivo de eficientar procedimientos electorales, obtener resultados más oportunamente y, sobre todo, abaratar las elecciones en un mediano plazo.
- Fortalecimiento de la paridad sobre todo en el ámbito local, así como incrementar las normas que propicien una auténtica prevención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Por supuesto que, independientemente de lo aquí apuntado, el Legislativo tendrá la última palabra. Sin embargo, creo que cualquier reforma en materia electoral debe ser analizada con mucho detenimiento y pensando en la sociedad, para que ésta siga manifestándose pacíficamente, con seguridad y certeza en las urnas, con lo que se logra la renovación del poder público y con ello, se consolida nuestra democracia.