Este domingo se realizará la consulta popular. Mucho se ha dicho sobre ella. Que si es un despilfarro. Que si la pregunta es indescifrable. Que si es una necedad. Pareciera que, en todas las rutas del por qué hacerla es una mala idea, el presidente López Obrador tuviese el monopolio de la culpa. Sin embargo, en cuanto a la pregunta, la organización y la validez de la consulta, esto no es del todo así.
Veamos. Cuando el presidente solicitó la consulta popular, planteó esta pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Nos podrá gustar o no, o ponernos a reflexionar si viola derechos y garantías. Pero, al menos, la redacción era sencilla y consecuente con lo que prometió López Obrador: juicio a expresidentes.
Cuando la pregunta se envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros le hicieron modificaciones, y dejaron esta que será la que esté en la boleta del domingo:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Según los Ministros, esta pregunta emplea el ‘lenguaje neutro, sencillo, comprensible’ que pide la Ley. La realidad de las cosas es que, como la mayoría de la Corte renunció a declarar inconstitucional la interrogante presidencial, decidieron dejar otra que nadie entiende. Si a usted le queda claro el galimatías, póngame un tweet.
En cuanto a la organización, las fuerzas políticas de oposición insisten en que los más de 500 millones de pesos que costará la consulta se podrían utilizar en otras cosas. Cierto, solo que omiten un detalle: ellos fueron cómplices del derroche.
En el texto original, se planteó que la consulta fuese el mismo día de las elecciones federales: una solución bastante sensata. Pero en el 2019, cuando Morena impulsaba sus temas prioritarios y la oposición todavía sangraba por la paliza electoral, hubo un pacto para separar las fechas.
La oposición impulsó ese cambio bajo una lógica política clara: evitar que AMLO se metiera en la campaña electoral del 2021 vía la consulta popular, y generara momentum a favor de su partido. El asunto es que el presidente de todas formas estuvo en la elección, y ahora tenemos una ley que cumplir con todo y sus costos.
Finalmente, el requisito para que el resultado de la consulta sea obligatorio es que, al menos, participe el cuarenta por ciento de la lista nominal: unos 38 millones de ciudadanos. Para alcanzar tal cifra, se necesitaría que todas las personas que votaron por AMLO en el 2018, el presidente más votado en la historia, más ocho millones más, salieran el domingo a las urnas. Algo difícil que ocurra.
Pero este último punto es intrascendente para el presidente. Es probable que veamos un bajo nivel de participación con una alta tasa de respuesta a favor del ‘Sí’. Y con eso basta. López Obrador no necesita que la consulta sea un triunfo jurídico, sino un triunfo moral. Así podrá interpretar los deseos del pueblo, y hacer aquello sobre lo que, entonces sí, podremos responsabilizarlo o no.