El bullicio del mercado quedó silenciado después de escucharse un fuerte tronido y el golpe en el piso de un cuerpo, como si se hubiera derribado un árbol fuerte y de grueso tronco. Simojovel, esa localidad enclavada en Los Altos de Chiapas, donde el verdor de las montañas inmuta las palabras, pero también la violencia ha silenciado el melodioso canto en las lenguas tzotzil y tzeltal, fue testiga de la impunidad con la que fue asesinado Simón Pedro Pérez López.
Simón, de 35 años, quien la mañana del 5 de julio, mientras caminaba con su hijo por el tianguis multicolor, aun reminiscencia de aquella Mesoamérica a veces tan lejana o a veces tan cercana, sabía que sus pasos eran seguidos. Y efectivamente, fueron alcanzados, desde una motocicleta, para cegar su vida. Prácticamente vivió toda su vida al acecho, pues era parte de los sobrevivientes de los ataques de 1997, en Acteal, provocadores de decenas de muertes y de desplazamientos en la región.
“Se han llevado a Tomás Rojo, pero Tomás es presente, quieren borrar sus palabras, pero Rojo se aparece”, escribió Eduardo Vázquez Martín, en días pasados, a propósito de la desaparición y del asesinato de Tomás Rojo, líder de la comunidad yaqui, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina, un mes después de haberse reportado su extravío. Su causa de vida era la defensa del agua y del territorio para su pueblo.
“El agua que se defiende, quiere de nuevo ser río, para encontrar a Tomás, y con su gente el camino” refiere Vázquez Martín al concluir su poema Rojo Venado, homenaje al líder comunitario que heredó la lucha por el respeto de las aguas del río Yaqui y las tierras que les han querido ser quitadas.
En ambos casos eran indígenas, pero también defensores de derechos humanos, es decir, se esforzaban en promover o proteger esos derechos en sus comunidades; en lograr que todas las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Investigaban casos de vulneración de esos derechos y apoyaban a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Exigían al Estado el cumplimiento de las normas relativas a los derechos humanos y ejercían presión sobre las autoridades para que no evadieran sus obligaciones y sus compromisos.
Lo que parece un ejercicio auténtico de ciudadanía, es uno de las labores más complejas por realizar en nuestro país. El lunes pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que entre diciembre de 2018 y julio de este año han sido asesinados 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas.
De todas y todos aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas, siete periodistas y dos personas defensoras eran beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es administrado por la Segob, y al cual, se anunció, se le han destinado 416.6 millones de pesos durante ese año para beneficiar a mil 478 personas.
En el sexenio pasado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos documentó 161 casos de homicidios de defensores de derechos humanos en este periodo, 142 eran hombres, 16 mujeres y tres personas transgénero.
Las cifras actuales son menores a las de la administración federal anterior, pero podrían semejarse si no se plantea la política pública al respecto, o si no se redefinen las funciones del mecanismo, sobretodo, ante el incremento de ataques hacia quienes se dedican a la defensa del derecho al medio ambiente o de las mujeres.
Desde marzo se desconoce el paradero de Grisell, directora de un refugio para mujeres en el Estado de México, llamada “La Casa de la Sabiduría”, quien solía dar apoyo a familiares de víctimas de feminicidio y mujeres que habían sufrido actos de violencia en su contra. Desde que su familia se percató de su ausencia hasta que las autoridades quisieron tomar cartas en el asunto pasaron tres semanas. Hasta la fecha, no hay conocimiento de su paradero.
En las mismas fechas, Claudia Uruchurtu también desapareció después de denunciar malos manejos de recursos públicos por parte del ayuntamiento de Nochixtlán, en Oaxaca. Meses después se supo que había sido asesinada.
Defender los derechos humanos también es un derecho humano, asociado con muchos otros derechos y un ejercicio de la ciudadanía, sin embargo, para lograrlo, se requieren mayores garantías de protección y de salvaguarda de la integridad de quienes deciden dedicar su vida a esa labor. Así como cambiar la idea común de que no tienen una verdadera utilidad, pues, por el contrario, son el principal abono a una cultura de la democracia.