Los líderes del G7, el grupo que reúne las democracias más ricas y poderosas del planeta, es decir, que excluye a China y Rusia, se reunieron durante tres días el fin de semana pasada. No fueron meras videoconferencias sino auténtica convivencia de los jefes de Estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Más la Unión Europea como invitado permanente y con Australia, Corea del Sur, India y Sudáfrica como invitados de esta cumbre.
El encuentro fue para ponerse de acuerdo en cómo enfrentar los mayores desafíos del planeta y el avance se refleja en su comunicado final donde se proponen:
· Combatir la pandemia y, aunque no suene muy optimista, preparar al mundo para las próximas pandemias. Lo primero se basará principalmente en mayores donaciones y ventas de vacunas y algo de transferencia de capacidades al resto del mundo. Lo segundo implica establecer un buen sistema de alerta temprana de futuros riesgos de salud y mejorar la capacidad tecnológica para desarrollar vacunas en 100 días en lugar de los 300 que tomaron las vacunas contra el covid-19.
· Recuperar la economía y promover el crecimiento mediante la creación de empleos, la inversión en infraestructura, el avance tecnológico y el apoyo al consumo y bienestar de las personas.
· Proteger al planeta promoviendo una revolución ambiental que genere empleos, reduzca las emisiones de gases de invernadero y conserve o proteja por lo menos el 30 por ciento de tierras y mares.
El discurso, parecido al de otras “cumbres” y encuentros internacionales, incluye un par de elementos novedosos. Por un lado, asumen que los gobiernos, y no el mercado, son los responsables de lograr los objetivos anteriores.
Aquí se refleja el liderazgo del gobierno del presidente Biden que se ha despojado de buena parte de los dogmas tradicionales para ponerse decididamente del lado de la protección social de la población y del impulso a la recuperación económica mediante un nivel de gasto que no se había visto desde hacía casi un siglo. No cabe duda que al romper el freno de la austeridad y apoyar el consumo de las familias está logrando una recuperación exitosa que se podrá acelerar si consigue que su congreso le apruebe el paquete de fuerte gasto en infraestructura que ha propuesto.
Lo segundo que plantea el G7 es que sus objetivos se financiarían con una gran reforma tributaria que afectará al planeta entero. Se trata de captar mayores impuestos y, por lo menos en parte, dejar de hacerle el juego a las grandes corporaciones de no cobrarles impuestos, pero sí, indirectamente, pedirles prestado y pagarles intereses.
Lo esencial de la propuesta es establecer un impuesto mínimo de 15 por ciento a las ganancias de las empresas en todo el mundo. Es el piso más bajo y los países pueden aplicar impuestos superiores. Estados Unidos, Alemania y Francia se inclinan más por una tasa del 21 por ciento efectiva.
Todavía más importante es que las empresas paguen impuestos en sus lugares de operación y no de acuerdo a residencia fiscal normal. Las grandes transnacionales en particular escogen como residencia de sus casas matriz a los llamados paraísos fiscales en los que sus ganancias están prácticamente libres del pago de impuestos.
Otros países, Irlanda, por ejemplo, han atraído a grandes transnacionales con un bajo nivel de impuestos. Obligar a estos países a dejar de ofrecer condiciones de paraíso fiscal para atraer algunos empleos e ingresos va en contra de sus estrategias.
La intención del G7 es revertir la competencia entre países para atraer empresas bajando cada vez más sus impuestos. Una competencia que lleva más de 40 años, dice el G7, y que acaba por hacer daño a todos.
El nuevo impuesto global de, por lo menos 15 por ciento se aplicaría, para empezar, a un centenar de grandes empresas, incluyendo a Amazon, Google y Facebook.
En México la Secretaría de Hacienda ya se apuntó y, de acuerdo a declaraciones del subsecretario Gabriel Yorio, este impuesto sería viable y se podría incluir en el Paquete Económico de 2022. Ya con el visto bueno de Biden podríamos cobrarles a los grandes por sus operaciones en México. En contrapartida corremos el riesgo de que más adelante México sea cuestionado por ser un paraíso fiscal.
El hecho es que la pandemia, con su carga de crisis económica y empobrecimiento masivo, mientras una minúscula minoría se enriquece al extremo, ha obligado a los gobiernos más poderosos a reaccionar de manera pragmática. Y para asumir su responsabilidad saben que necesitan fortalecerse.
A grandes rasgos es lo que plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las Naciones Unidas, en su publicación “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2021” al proponer una importante expansión recaudatoria que impulse una recuperación que al mismo tiempo sea transformadora.
No se trata de cobrar más impuestos para fortalecer al gobierno, sino para que este apoye a las familias y su capacidad de consumo, al tiempo que apoya al empleo y la producción, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Se trata del doble papel que debe tener un gobierno: promover la equidad e impulsar una economía amigable con la mayoría. Bien combinadas configuran una espiral positiva de crecimiento y bienestar.
Esto no lo pueden hacer gobiernos débiles, con vocación de pequeñez. Y la CEPAL nos recuerda lo atrasados que estamos en toda América Latina en términos de recaudación tributaria. Mientras que la media de recaudación tributaria de los países de la OCDE es de 34 por ciento, la de América Latina es de solo 21 por ciento. México recauda un miserable 16 por ciento sin planes para un incremento significativo.
Lo peor es la calidad de la recaudación que predomina en América Latina; se trata sobre todo de impuestos indirectos, al consumo y no, como en las economías industrializadas, de impuestos al ingreso de las personas y a las ganancias de las empresas.
CEPAL ya no duda en hacer propuestas que hace un par de años serían consideradas de un radicalismo extremo. Por un lado, insiste en la conveniencia de un ingreso básico que, señala, traería beneficios macroeconómicos al reforzar la demanda. En el otro extremo propone impuestos a las grandes fortunas, herencias y donativos, así como mayor progresividad en el impuesto a la renta de las personas.
El planeta gira hacia concientizar y vigorizar el papel de los gobiernos sobre la base de su fortalecimiento fiscal. Mientras nosotros seguimos como uno de los países más inequitativos y con menor gasto social y crecimiento económico.