Luego de una jornada electoral ejemplar protagonizada por los ciudadanos y ciudadanas el pasado 6 de junio a la que asistieron a votar por el partido político, coalición, candidato o candidata de su preferencia, 49.1 millones de electores, así como la realización de los cómputos distritales en cada uno de los 300 consejos distritales y la realización de los cómputos de circunscripción plurinominal correspondientes a la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, toca el turno ahora, a uno de los temas más importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas por parte de los que se constituyeron como competidores electorales, me refiero a la fiscalización.
La fiscalización es un procedimiento bien definido en la legislación electoral llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral (INE) tanto a nivel federal como local, que asegura que el origen de los recursos que utilizan tanto los partidos políticos, candidatos y candidatas provengan de fuentes permitidas por la ley, así como que los mismos se realicen a través del sistema bancario mexicano. Asimismo, revisa que no se rebasen los topes establecidos.
De entrada, los partidos políticos debieron entregar sus informes de ingresos y gastos de campaña por cada candidata y candidato que compitió en esta elección, es decir, a nivel federal por los 500 espacios legislativos para la renovación de la Cámara de Diputadas y Diputados y a nivel local por las 15 gubernaturas, las 10,63 diputaciones, las 1,923 presidencias municipales, 2,057 sindicaturas, 14,222 regidurías, 204 concejales, así como diversos cargos auxiliares de Juntas Municipales.
Estos informes que deben presentarse por periodos de treinta días contados a partir del inicio de la campaña dentro de los tres días siguientes a la conclusión de cada mes y que son registrados en un Sistema Integral de Fiscalización, son la base de la fiscalización que realiza el INE para revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los partidos políticos y sus candidaturas, con el objeto de que la autoridad electoral pueda comprobar que sean utilizados de manera correcta conforme a lo establecido en la normatividad respectiva.
Una vez entregados los informes de gastos de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE contará con 10 días para revisar la documentación presentada y, en su caso, informará a los partidos políticos de la existencia de errores u omisiones y los prevendrá para que en 5 días presenten las aclaraciones correspondientes.
Posteriormente y después del último informe, la UTF contará 10 días para emitir un dictamen consolidado y el proyecto de resolución que corresponda para que el órgano auxiliar del Consejo General, la Comisión de Fiscalización, en un periodo de 6 días analice y, en su caso, apruebe los proyectos emitidos por la UTF para ponerlos a la consideración del Consejo General, máximo órgano de decisión del INE para que estos puedan ser votados en un término improrrogable de 6 días.
Este procedimiento que en su conjunto tiene una duración de 37 días constituye un ejercicio de rendición de cuentas obligatorio de parte de todas y todos los actores políticos que participan en las contiendas electorales y que, en su caso, junto con la práctica de auditorías sobre el manejo de recursos, de la contabilidad, de las quejas presentadas y de la situación financiera de los partidos políticos, podrían imponerse diversas sanciones por inconsistencias u omisiones en la información proporcionada a la autoridad electoral e incluso determinarse la nulidad de una elección por rebase de topes, adquisición de espacios en radio y televisión o financiamiento ilícito.
Este ejercicio llevado a cabo por el INE, constituye un elemento de transparencia en el que se involucra a la ciudadanía en la rendición de cuentas, promueve el escrutinio de las instancias públicas, fomenta el voto informado y favorece la certeza y equidad que debe prevalecer en cualquier ejercicio democrático como lo son las elecciones.