Mucho se ha hablado de que el 6 de junio México tendrá la elección más grande de su historia y poco se ha escrito sobre la Consulta Popular que está programada realizarse el primero de agosto, es decir, poco menos de dos meses después de esta elección.
En este ejercicio, considerado como un mecanismo de participación de democracia directa, la ciudadanía ejerce su voto y con ello manifiesta su opinión sobre uno o varios temas relevantes para el país.
De acuerdo con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la población podrá manifestarse respecto a la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Para ello, el Instituto Nacional Electoral (INE), constitucionalmente responsable de la organización y operación de esta Consulta Popular hará uso de las economías institucionales para cumplir con esta obligación y que el primero de agosto, las y los ciudadanos mexicanos podamos acudir a las mesas receptoras de votación o bien, manifestar la opinión mediante el uso de diversos medios electrónicos como, por ejemplo, las urnas electrónicas.
Esta autoridad electoral ha enfrentado ya en otras ocasiones dificultades presupuestales y que con ejercicio austero y eficiente de los recursos públicos ha salido airoso entregando buenos resultados a la ciudadanía, así como a todas y todos los actores participantes.
Frente a este enorme reto, se le presenta al INE un reto que debemos ver como una oportunidad más para esta gran institución democrática. En el centro de su papel arbitral, en el núcleo de su función democratizadora, el INE enfrenta una nueva época, con promesas y presagios, con signos de cambio y al mismo tiempo, señales de continuidad. Que no le quepa a nadie la menor duda: la consulta popular se realizará el próximo 1 de agosto.
En este nuevo marco de actuación, el INE está llamado a jugar un rol fundamental en la consolidación de una democracia cada vez más incluyente. Con esto se refuerza el trabajo que lleva a cabo el INE como la institución autónoma y ciudadanizada que, con imparcialidad y profesionalismo, despliega su experiencia y su pericia para cumplir lo que la Constitución y las leyes ordenan; normar el expediente de la participación política de la sociedad en la conformación de los órganos de gobierno, así como en la toma de la opinión ciudadana sobre asuntos del más alto calibre e interés nacional.
El INE tiene que asumir a plenitud nuevas características y vocaciones que acompañen este crucial momento de larga tradición e historia de servicio, que distinguen al Instituto desde aquella primera sesión de su Consejo General aquel jueves 11 de octubre de 1990.
Esto significa que el INE, sin estridencias ni protagonismos, realizará la Consulta Popular de manera impecable, oportuna, precisa y suficiente para garantizar que la ciudadanía pueda participar plenamente.
Así, su complejidad presupuestal debe ser un llamado a desarrollar herramientas, normas y procedimientos innovadores y modernos para mejorar nuestra planeación, agilizar nuestra presupuestación y vigilar mejor desde la fase de diseño, pasando por el ejecución y la evaluación para hacer más con menos.
Por ello, la sociedad mexicana debe estar segura y confiada en que la Consulta Popular 2021 va. Que nadie lo dude.