México es hoy el epicentro del remezón feminista latinoamericano. Desde aquí, con fuerza, se ha alzado la voz contra el creciente problema de la violencia contra la mujer en sus diversas expresiones.
Pero el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador intentó pasar por agua fría las protestas -al dejar entrever que esta administración es “feminista” al tener en su gabinete a varias damas-; en las calles la expresión es distinta.
No hay un solo día en que no se denuncien violaciones de los derechos humanos no solamente en México sino en muchas naciones del mundo. Esto es un problema social y de salud pública y constituye un real obstáculo para que México se desarrolle como país.
El feminicidio en América Latina es un ¿vacío legal o déficit del Estado de derecho?, pregunta la investigadora de IESE Business School, Celeste Saccomano, y se responde: “el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer”.
Se trata del “asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres”.
El fenómeno abarca cualquier homicidio de mujeres cometido basándose en la discriminación de género.
Por eso las protestas realizadas en México y diversos países del mundo busca eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas. Es uno de los objetivos asentados en la Agenda de Desarrollo Sostenible, a alcanzar en 2030.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la violencia contra la mujer revela que mientras que en Europa Occidental la tasa de prevalencia de la violencia en la pareja es del 19.3%, en América Latina esta tasa es escalofriantemente superior: 40.63% en la región andina, 29.51% en América Central y 23.68% en América del Sur.
El problema global del feminicidio establece que América Latina es la región más afectada. A pesar de la presión de diversas organizaciones las medidas contra esta violencia son aún tímidas.
Aunque hay un proceso de creciente legislación y regulación de los delitos contra la mujer en la práctica, la situación es distinta. Pese a denuncias de miles de mujeres que se ven amenazadas, los potenciales feminicidas no son tocados por las autoridades.
No obstante que el feminicidio ha sido tipificado delito penal y se realizan campañas para sensibilizar a la población en contra de la violencia de género, falta aún entrar a un proceso de re-educación desde los hogares, la raíz inicial del problema.
Urge que en muchas regiones se dé la alerta de género y que los gobiernos respondan de forma homogénea a la adopción de esas leyes y, más concretamente, intenta hallar los factores relacionados con el ascenso y el descenso del número de feminicidios.
El feminicidio y la violencia contra la mujer en América Latina es aún un punto pendiente de la agenda de muchas administraciones.
La sociedad aún sigue viendo el asesinato de la pareja (feminicidio por parte de la pareja) y el asesinato de una mujer precedido de su violación sexual (feminicidio sexual fuera del ámbito de la pareja).
La feminista mexicana Marcela Lagarde decidió utilizar el vocablo «feminicidio», en lugar de traducirlo literalmente al español como «femicidio», para añadir un elemento de impunidad, de violencia institucional y falta de diligencia en América Latina respecto a las mujeres.
Gobierno y sociedad deben tener en claro que el feminicidio es en muchos casos «el final en un continuo de violencia contra la mujer, inscrita en patrones generales de discriminación e impunidad tolerada de los perpetradores».
La violencia puede categorizarse según su naturaleza (física, sexual, psicológica, de privación) y según el perpetrador (autoinfligida, interpersonal, colectiva).
Estudios de la ONU revelan que en América Latina, las cuatro subcategorías principales identificadas y consensuadas sobre feminicidio por la mayoría de autores son las siguientes: feminicidio íntimo, feminicidio no íntimo, feminicidio por conexión y feminicidio sexual.
En Chiapas (México) por ejemplo un potencial feminicida puede estar en la cárcel seis años sin que el Poder Judicial determine si es culpable o no. Hay pruebas al respecto en sonados casos y se le da largas al asunto, agotando a la víctima y a los familiares de esta que deben llevar el proceso como una especie de duelo.
Lagarde señala que esto no es de sorprenderse ya que el feminismo en América Latina reivindica que la principal causa del feminicidio es la desigualdad de género estructural y la impunidad de los perpetradores en el sistema de justicia. Las feministas discrepan con aquellos que consideran que los desencadenantes de los feminicidios y de la violencia contra la mujer son factores individuales, como el comportamiento patológico de los hombres.
La violencia contra la mujer es producto de un sistema estructural de represión, mediante el cual los hombres siempre han intentado mantener el poder sobre la sociedad y las mujeres, de acuerdo a la percepción de algunas feministas.
Laura Castellanos es periodista feminista que escribe de subversiones, autora del libro “Crónica de un país embozado 1994-2018” escribió que en México se ha exigido con rabia que se termine la más grave crisis de violencia de género en el país, que el covid-19 solo ha ahondado.
El saldo oficial hoy registra más de 20,000 mujeres desaparecidas y 10 asesinadas en promedio cada día, alertó.
Desde su percepción, el confinamiento sofocó el ímpetu de las protestas públicas del feminismo, pero la legitimidad de sus causas y su combatividad e ingenio para defenderlas han irrumpido en la agenda política y de los medios de comunicación, al tiempo que ha expandido y diversificado su base social.
Su fuerza lo ha convertido en el movimiento opositor más potente contra el orden patriarcal en México.
Las protestas feministas han puesto en entredicho la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Sobre ese oscuro personaje pesan denuncias por violación y tres acusaciones de abuso y acoso sexual y la presión feminista logró que en Oaxaca se despenalizara el aborto.
Las mujeres mexicanas mantienen una fuerte lucha que hoy quiere ver de soslayo el presidente Andrés Manuel López Obrador que se autoproclama feminista pero ignora o descalifica las denuncias, intimida o persigue o estigmatiza a las denunciantes.
Frente a ese escenario urge evaluar y diseñar políticas públicas que realmente promuevan el derecho de las mujeres a vivir en paz.