En estos días, la obsesión presidencial por cuestionar a la Máxima Casa de Estudios del país llevo a la palestra una reedición del debate en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su posible reforma. Veamos algunos de los aspectos que han sido puestos a discusión.
Acceso a estudios superiores
Es absolutamente cierto que la UNAM ha tenido que recurrir a mecanismos draconianos para la selección de qué personas pueden lograr el acceso a sus estudios. Es verdad que lo ideal sería que todos los que demanden arribar a la educación superior debieran encontrar un espacio para formarse. Pero suponer que la UNAM debe ser la institución que brinde acceso irrestricto y atienda a todo la demanda que exista es una falacia que no se deriva de los argumentos anteriores, pues es posible y deseable que las instituciones que oferten servicios públicos de educación superior sean más y con mayor capacidad de respuesta a la demanda social. La UNAM tendría un cupo determinado para atender de manera satisfactoria y dentro de los criterios de calidad que debe tener a estudiantes. Abrir sin cortapisas esta institución a los demandantes de sus servicios sería abatir esta calidad.
Designación de autoridades
En su momento, la Ley Orgánica de la UNAM logró resolver el problema de complejos y posiblemente conflictivos procesos de elección de sus autoridades, mediante un mecanismo que de suyo no es democrático, sino que supone la constitución de un órgano supremo de notables. Hoy día tal vez resulte innecesario perpetuar este esquema, pero ello no significa que se otorgue un derecho irrestricto y paritario al voto a quienes prestan servicios educativos de manera permanente y como modo de vida, quienes laboran en tareas de apoyo administrativo para la tarea de educación y quienes son derechohabientes temporales de estos servicios. Además, no necesariamente los mecanismos de elección directa mediante voto personalizado es la mejor vía para la elección de autoridades en una institución de educación superior. Igualar artificialmente a quienes en esencia son desiguales no es equidad, es populismo. Por ello habría que estudiar si lo procedente no sería llevar los procedimientos electivos a órganos colegiados como el Consejo Universitario.
Combate a la corrupción
Es indudable que la UNAM, como otras muchas instituciones educativas e instancias de la más diversa índole, sufren por prácticas autoritarias y enfrentan actos ilícitos que afectan el uso y destino de su presupuesto, que sin duda es de origen público en su enorme mayoría. Es también cierto que existen mecanismos de auditoria y seguimiento del ejercicio de los recursos disponibles por esta institución. Empero, pudiera ser necesario y pertinente fortalecer y transparentar estos mecanismos de control y rendición de cuentas y, de encontrarse irregularidades, sancionarlas como manda la ley. Todo esto puede hacerse sin menoscabo de la autonomía universitaria. Lo fundamental es respetar y conservar esta autonomía para beneficio de la institución y de la República.