Con base en la información pública oficial, en el primer semestre de este año el número de víctimas de feminicidio creció un 40% comparado con el mismo periodo de 2019.
Una mala noticia si consideramos que este delito ha seguido creciendo de manera sostenida desde que se cuenta con registros oficiales del mismo.
La alcaldía que presenta la mayor tasa de este delito es Venustiano Carranza, seguido de Tlalpan, Tláhuac y Cuauhtémoc.
Precisamente por ello, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) nos dimos a la tarea de contactar a la fiscalía capitalina (FGJ) y establecer un proyecto de colaboración que tiene como fin (1) generar un sistema de autoevaluación para la mejora continua del desempeño en el combate a este delito por parte de la FGJ; (2) desarrollar indicadores de desempeño y resultados que permitan conocer dónde estamos y cómo evoluciona la aplicación de las políticas públicas y así poder rendir cuentas a la sociedad y (3) establecer vínculos interinstitucionales que sirvan para prevenir, investigar y sancionar este delito.
La FGJ ha mostrado en la presente administración apertura y disponibilidad para trabajar con la sociedad civil en transparencia, rendición de cuentas, profesionalización y desempeño en varios delitos.
Nuevamente, la fiscalía aceptó que el ONC pudiese donar el proyecto y se comprometió a aceptar las críticas y recomendaciones, en la plena disponibilidad de mostrar fortalezas y yerros, evitando así un proyecto simulado.
Las herramientas e indicadores que vamos a donar a la FGJ incluyen medir las capacidades, la formación, las competencias adquiridas por el personal, los sistemas de recopilación de información, la presencia-ausencia de procesos y métodos para investigar el feminicidio, los resultados de dichas investigaciones, la tecnología e insumos disponibles para cumplir con sus compromisos, entre muchos otros indicadores específicos.
Además, se pondrán en marcha alianzas estratégicas con otros sectores sociales, instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y el sector productivo con el fin de detectar tempranamente la ocurrencia de casos -que de otra manera llegarían a la fiscalía sólo después del delito consumado-.
Dichos indicadores incluyen algunos específicos de la realidad de la fiscalía capitalina, así como aquellos desarrollados internacionalmente, identificando aquellos que son aplicables para el caso mexicano.
Sin embargo, la disponibilidad y buena voluntad de la fiscal general Ernestina Godoy, de la subprocuradora de Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Nelly Montealegre y sus equipos puede verse opacada por los recortes presupuestales que desde la Federación se promovieron primero en 2019 y luego, de nuevo, en 2020.
Los recortes presupuestales han afectado tanto a nivel local como a nivel federal. La Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional cuentan con un presupuesto que hace casi imposible cumplir con sus funciones -no debe sorprender la total ausencia de resultados de la FGR desde el inicio de la administración, el peor resultado reportado desde que existe la PGR, ahora FGR-.
Dicho recorte palidece frente a la negligencia con la cual se llevaron a cabo los recortes al fondo de aportaciones para policías municipales y estatales y de las fiscalías y procuradurías de las entidades.
En un contexto donde los delitos violentos se encuentran en su máxima expresión, donde la peor crisis económica en el último siglo ha dejado sin recursos a millones de ciudadanos, y donde la pandemia por covid-19 ha provocado una operación mermada a dichas instituciones estatales, la buena voluntad de los titulares de las secretarías e instituciones de seguridad y justicia se topa con el muro de la inoperatividad por falta de recursos.
Por ejemplo, el recorte presupuestal que la federación aplicó a las autoridades estatales incluye 27% para procuración de justicia, 33% para prevención del delito y en el ámbito federal la Red Nacional de Estancias en 2019 recibió menos de la mitad del presupuesto para 2018, el Inmujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sufrieron ambas un recorte presupuestal del 75%.
Debemos reconocer la buena voluntad de la fiscalía y sus funcionarios, pese a ello, el éxito dependerá también en parte de la capacidad que la FGJ de la Ciudad de México y la jefa de gobierno tengan para negociar los recursos mínimos suficientes con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que puedan cumplir con su trabajo y no, simplemente, hacer lo que pueden con lo que tienen. Una tarea titánica que hoy se antoja sumamente difícil.
Para prevenir el feminicidio, la violencia de género y la violencia familiar deben poder trabajar juntos el sistema educativo, el sector salud, el sector desarrollo social, los institutos y secretarías de la mujer, el sector privado, los ciudadanos, los medios de comunicación y finalmente las autoridades del área de seguridad y justicia. Dicho de otra manera, dadas sus funciones sustantivas, es imposible que sola la FGJ logre salvar la integridad física y psicológica, incluso la vida de tantas víctimas sin el apoyo de varios sectores sociales.
Se vuelve fundamental desarrollar programas que sensibilicen acerca de la importancia de proteger a grupos en situación vulnerable, cómo detectar los casos, cómo actuar y cómo apoyar a las víctimas que -por lo general- junto con la violencia física padecen la violencia sexual, emocional, psicológica y económica.
Todo ello requiere de buena voluntad, capacidad de negociación, personal suficiente, capacitación y profesionalización, puesta en marcha de programas de intervención. Dicho de otra manera, si se quiere tener resultados positivos para proteger a las víctimas de violencia de género, se requiere de personas, tiempo y dinero.
Felicito a una autoridad dispuesta abrirse a evaluación, crítica y recomendaciones; la FGJ de la Ciudad de México debe ser ejemplo para todas las autoridades del país y debe llevar al gobierno federal a hacerse corresponsable en atención a víctimas y soluciones para que México no siga siendo un ejemplo negativo mundial de negligencia en combatir la violencia.
La violencia en contra de las mujeres y niñas se debe y se puede erradicar y llevarla a una expresión mínima es obligación de todos.
Es nuestra obligación que en México no existan ciudadanas de segunda categoría, tanto porque dichas víctimas que hoy sufren violencia, podrían ser nuestras madres, hijas, hermanas, abuelas, amigas, personas que admiramos y queremos, tanto por el simple hecho que abandonar a una persona en situación vulnerable nos priva de la oportunidad de vivir en una sociedad justa y democrática en pleno siglo XXI.