En las últimas semanas, desde que el mundo supo de la existencia de covid-19, las filas de personas para ingresar a los supermercados son largas. Decenas de gentes desean realizar sus compras, pero deben esperar, a veces casi una hora o más, antes de poder hacerlo, pues las medidas sanitarias vigentes así lo requieren. Se busca evitar aglomeraciones y sólo se permite que ingrese una persona por familia o grupo. A simple vista, estas filas podrían ser como cualesquiera otras. Sin embargo, llama la atención que la mayoría de quienes desean entrar a los establecimientos comerciales portan una playera roja o una playera tipo polo blanca.
Todos ellos son “socios” de plataformas digitales que permiten a su público usuario realizar una lista de compras y pagarlas en línea para que en, máximo una hora, alguien se las lleve hasta la puerta de su casa. Quienes hacen el pedido, pueden monitorearlo e interactuar con quien les surte su lista, ya sea para cambiar el tipo de producto escogido en caso de que no haya disponibilidad o para hacer alguna modificación al pedido.
Una vez que se permite el ingreso, quienes portan las playeras rojas o blancas avanzan lo más rápido posible hacia los diferentes departamentos de la tienda. Todo el tiempo mantienen la vista en su celular y van tomando los productos que requieren, de la manera más rápida posible. Algunas veces corriendo sobre los pasillos o persiguiendo a los dependientes de las tiendas. En caso de que algún producto no se encuentre, inmediatamente se ponen en contacto con quienes les han enviado su lista para modificarlo o pasar al siguiente producto de la lista.
Una vez que terminan con el surtido del pedido, se desplazan rápidamente hacia las cajas de cobro y después hacia el estacionamiento donde está el auto, bicicleta o moto que les permitirá ir a dejar la compra a su destino final en el menor tiempo posible.
Las cifras de personas que se desempeñan como “socios” de estas aplicaciones que permiten el surtimiento de una lista de supermercado, el entregar paquetes de un domicilio a otro, el solicitar un automóvil para traslado, la entrega de comida, entre muchas otras posibilidades que ofrecen las aplicaciones digitales para garantizar la comodidad de quienes no desean salir de su hogar o desean hacerlo de una manera cómoda, sobre todo, en estos tiempos de jornadas de confinamiento social, es cada vez mayor.
Desde hace 10 años, este fenómeno ha sido nombrado como “economía gig” o economía colaborativa o economía del freelance, caracterizada por que quienes realizan las actividades laborales no tienen un vínculo con quienes les solicitan sus servicios ni con quienes intermedian la relación comercial.
Una de las ideas más comunes alrededor de estas opciones de empleo, que carece de formalidad en un sentido de apego al derecho, es que quienes se suscriben como “socios” en estas plataformas, deciden sobre su propio tiempo y sólo trabajan en el horario que deseen.
Sobre este tipo de trabajos, Gerardina González Marroquín, directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, ha advertido que quienes las ejercen no cuentan con ningún derecho ni protección social, a la par de que tienen jornadas de trabajo excesivas para poder obtener sus ingresos de subsistencia.
En definitiva, este último fenómeno ocurre porque quienes administran las aplicaciones, utilizan un método denominado “administración algorítmica”, mediante el cual es posible monitorear el desempeño de quienes se conectan a la aplicación para laborar y suspenderles o sancionarles si no han cubierto algunos requisitos o si sobrepasan algunos límites, influyendo en su comportamiento para estimularles a continuar trabajando mediante algunos estímulos como el incremento de las cuotas por el servicio, garantizando algunos ingresos extras o enviándoles mensajes para indicarles que podrían hacerse acreedores a un bono si continúan dando servicio por un lapso más. E incluso, impidiendo a quienes ofrecen sus servicios a través de estas plataformas digitales, conocer cuánto cobrarán por el desempeño de sus servicios o estableciéndoles rutas predefinidas a seguir y horarios, mermando la capacidad de toma de decisiones.
Este tipo de empleos pueden profundizar la precariedad e informalización de los empleos en América Latina, advierte Graciela Bensusán, en su análisis sobre las ocupaciones emergentes en la economía digital y su regulación en México, una tendencia que ocurre desde hace varios años, la cual ha provocado que más de 60 millones de personas en el país carezcan de seguridad social , y en situaciones como la crisis sanitaria que se vive actualmente, los sistemas de salud colapsen.
En su diagnóstico, Bensusán advierte que en México no hay una legislación que garantice los derechos laborales de quienes utilizan estas plataformas para laborar debido a que no hay una forma de poder establecer un vínculo laboral con quienes administran estas aplicaciones por lo que es necesario llevar a cabo un “activismo” que busque regular este tipo de empleos desde los derechos laboral y fiscal, garantizando, entre otras cosas, seguridad social para las personas.
Como señala Carl Benedikt Frey, este tipo de empleos resultan atractivos porque promueven una oportunidad de mayor libertad y flexibilidad a cambio de menos seguridad en el trabajo, sin embargo, sus efectos podrían no ser los esperados, pues pueden impactar en el mercado laboral tradicional y aún no se sabe de qué forma.
A lo largo de estas últimas semanas, quienes se dedican a surtir las listas de despensa en los supermercados, reportan tener un incremento en la demanda de sus servicios, y por ende, en sus ingresos. Sin embargo, en caso de que resultasen infectados del nuevo coronavirus, debido a que todos los días desafían las medidas sanitarias recomendadas no contarían con el apoyo de quienes dirigen la plataforma para poder acceder a servicio médico ni con la garantía de obtener un ingreso económico en caso de tener que dejar de trabajar por enfermedad.
Arun Sundararajan, profesor de la Universidad de Nueva York, uno de los autores que más ha reflexionado sobre el tema, advierte que este fenómeno ha provocado una resignificación del empleo, que ha dejado de ser de tiempo completo, y de las formas de intercambio comercial, más basada en la oferta y la demanda, que se busca atender a través de mecanismos digitales, lo cual exigirá una mejora en las regulaciones en materia laboral, un mayor involucramiento por parte del Estado en el tema y crear un nuevo contrato social a medida que la sociedad se aleja del empleo tradicional hacia el trabajo independiente.
En caso de que no se logre plantear un nuevo enfoque sobre este cambio transicional en cuanto a formas de trabajo, que brinde ciertas protecciones a un sector cada vez más amplio que se refugia en estas actividades, continuará y podrían aumentar las desigualdades económicas y sociales vigentes.