Días extraños, inéditos. Hoy, cuando las mujeres hacen acto de presencia con su ausencia mediante el paro voluntario. Después, cuando los que se ausenten por convalecer debido a un nuevo agente patógeno lleven al paro obligado para evitarnos unos a otros, para guarecernos como recurso preventivo ante una inevitable epidemia que cobrará la vida de algunos, pero aterrorizará a más.
Los derechos contrapuestos
Es claro que no podemos permitir que continúe el ambiente de inseguridad y la amenaza a la integridad de las personas en general y de las mujeres en particular en nuestras calles, nuestros hogares, nuestras escuelas. Como sociedad hemos permitido que la violencia se apodere de vastos territorios y gobierne nuestro actuar cotidiano: a dónde vamos, a qué hora, cómo vestimos, quién nos acompaña. Así no debiera ser, pues eso atenta contra nuestra libertad. Y es claro que los riesgos que enfrenta un varón suelen ser menores que aquellos que tiene frente a sí una mujer, como cuando una joven camina en solitario por los parajes de su propia institución educativa. Es por eso que protesta y exige respuestas claras que le otorguen seguridad, aunque también demanda que cesen los acosos y abusos de maestros, compañeros. Pero atender sus demandas sin cortapisas puede poner en riesgo el derecho a la presunción de inocencia y al juicio justo que le debemos a todos. En esa contradicción de derechos llevamos meses con escuelas cerradas y vemos emerger a grupos de provocadores que aprovechan la hoguera para fomentar un incendio.
La epidemia que avanza
Y ahora viene el temor realista, aunque eventualmente exagerado, al contagio con el nuevo coronavirus. Desde luego que es importante tomar con seriedad el reto para la salud pública que supone una epidemia de alcance mundial como la que se encuentra en pleno desarrollo. Pero es claro que la adopción de medidas de higiene cotidiana es más relevante que la imposición inmediata de controles y restricciones a la movilidad y los derechos individuales. Son momentos críticos que revelan las facetas autoritarias de algunos gobiernos, pero ponen al descubierto también la debilidad de otros. Y cuando se llega a la etapa en que, aplicando viejos o nuevos protocolos, tienen que irse tomando decisiones como el cierre de escuelas, la suspensión de eventos, paros temporales de actividades productivas e incluso el establecimiento de cercos a demarcaciones territoriales, la contraposición de derechos se hace evidente: ¿Qué pesa más, la seguridad y la salud pública o los derechos al libre tránsito, a la educación, al trabajo? ¿Hasta dónde se requiere consensar las medidas y cuándo la autoridad debe asumir las riendas al margen de la opinión pública? ¿Qué acciones deben impulsarse y cuánto debe endeudarse una sociedad para cubrir la pérdida inminente de producto y conocimientos? Esas son preguntas que habrá que responder muy pronto.