El próximo 9 de marzo los mexicanos estamos obligados a recordar que cada día del año pasado se iniciaron tres carpetas de investigación por feminicidio, 47 por violación y un sin fin de delitos se cometieron en contra de la mujer y no fueron reportados, no se atendieron, no se investigaron o se mal registraron dentro de otros delitos, dejándolos por lo tanto en la absoluta impunidad.
La violencia contra las mujeres en el mundo asume niveles de epidemia y se manifiesta también como violencia psicológica y económica, no sólo física y sexual.
Ante los terribles casos de Fátima e Ingrid, que se suman a los miles que no visualizamos, las mujeres están convocadas el próximo 9 de marzo a mostrar con la contundencia de su poder, su aportación a la sociedad y un terminante ¡ya basta a la violencia! a un paro general de actividades productivas.
En 2019 fueron clasificados como feminicidios 1,010 víctimas -un 27% respecto al número de mujeres víctimas de homicidios dolosos-; los estados que lideraron el ranking nacional en tasas por cada 100 mil habitantes fueron Morelos en primer lugar, seguido de Veracruz, Colima, Nuevo León y Sonora respectivamente.
En contraste, las entidades con los menores casos fueron Yucatán, Tlaxcala y Baja California Sur que ocuparon el lugar 32, 31 y 30 a nivel nacional por este delito. Ninguna entidad quedó libre de casos.
El homicidio doloso de una mujer se distingue del feminicidio por alguno de los siguientes criterios:
1. La víctima presente signos de violencia sexual de algún tipo.
2. La víctima ha sufrido lesiones o mutilaciones degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.
3. Existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto victimario en contra de la víctima.
4. Existió entre el victimario y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
5. Hubo amenazas relacionadas con el hecho delictivo, acoso o lesiones del victimario en contra de la víctima.
6. La víctima se encontró incomunicada, previamente a la privación de la vida.
7. El cuerpo de la víctima fue expuesto en un lugar público.
El feminicidio es un delito que trasciende el comportamiento criminal común, la mayor parte de estos delitos los cometen las parejas, familiares, amigos o conocidos de las víctimas, son pocos los casos en los que un desconocido ejecute una violencia de corte feminicida.
Por ello, el feminicidio es un delito que debe ser atendido por un conjunto de instituciones y autoridades municipales, estatales y federales, educativas, de salud, desarrollo social, laboral, además de las de seguridad y justicia.
De igual manera, es responsabilidad del conjunto de actores sociales como son las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, los cultos religiosos y la misma comunidad donde vivimos detectarlos, apoyar y/o denunciar.
En un contexto como este, no se debe imputar a una sola autoridad o gobierno las fallas, si en nuestro país la violencia contra la mujer es tolerada-permitida-incentivada, es tarea de todos combatirla.
Sorprende el rechazo del gobierno federal ante esta iniciativa ¿por qué el rechazo tan violento de este gobierno ante un ejercicio de ciudadanización? ¿por qué la descalificación que hacen el presidente, la esposa del presidente, la secretaria de la Función Pública y otras funcionarias? ¿por qué un llamado de atención a todos los integrantes de la sociedad se ha vuelto un golpe blando de Estado contra el gobierno de López?
Los feminicidios no iniciaron en esta administración, pero a esta administración le toca combatir el fenómeno, sancionar a los victimarios, darle acceso a la justicia a las víctimas y hacer una reparación integral del daño.
A esta administración le toca generar políticas nacionales, destinar los recursos necesarios para erradicar este fenómeno y supervisar para que normas y políticas se cumplan. Asimismo, le toca enfrentar las consecuencias de sus decisiones y entender que parte del crecimiento de este delito es resultado de los recortes en materia de seguridad y justicia, así como al cierre de las estancias que captaban y atendían de forma temprana a niñas y mujeres víctimas de violencia.
El gobierno federal ha manejado muy mal el tema, ha contestado a los reclamos con sus mensajes históricos: “es culpa del neoliberalismo, de los conservadores y corruptos del pasado”. López sigue sin asumir la responsabilidad de los terribles hechos violentos que suceden en su gobierno.
Como dueño de la agenda pública y de todos los temas que ocurren en el país, López y sus funcionarios permitieron que las faltas y fallas de los gobiernos locales se invisibilicen, que nadie cuestione a gobernadores y alcaldes de aquello que les toca y no hacen.
Con sus declaraciones López y su gobierno generaron un ambiente de polarización social donde el diálogo posible se volvió una serie de reclamos.
Si el gobierno federal quiere ser serio en el combate a la violencia en contra de niñas y mujeres debe reabrir las estancia de atención a la misma y colaborar con las organizaciones civiles en vez de atacarlas; debe recibir esta marcha como una oportunidad para que toda la sociedad trabajemos juntos protegiendo a por lo menos el 50% de la población del país; debe crecer los recursos en educación, salud, seguridad y justicia para que existan formadores que rompan con los lastres históricos del machismo, implementar adecuadamente los protocolos de prevención y atención a esta, así como supervisar el desempeño de las diferentes autoridades.
Si el gobierno federal quiere ser serio en el combate a la violencia en contra de niñas y mujeres debe ser sensible con las víctimas, dejar de revictimizar a las mismas y reconocer sus fallas, las declaraciones de funcionarias que anteponen el bienestar de su partido al de la sociedad, los decálogos improvisados para llenar los espacios públicos son una falta de respeto a tantas y tantas familias que han sido marcadas por la violencia.