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Una propuesta que atenta contra la mujer

Con la derogación del feminicidio como tipo penal se debilitan los sistemas de combate al fenómeno de la violencia en contra de la mujer. | Francisco Rivas

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Escrito en OPINIÓN el

El fiscal general de la República Alejandro Gertz planteó en días pasados a la bancada federal de la Cámara de Diputados de Morena desaparecer el feminicidio como tipo penal y sustituirlo como agravante del homicidio doloso en contra de mujeres.

El argumento planteado por el fiscal, impuesto por el actual gobierno federal, se centra en la dificultad que implica para el Ministerio Público investigar y demostrar que la privación de la vida de las mujeres es el resultado de violencia de género, no de la simple violencia que vivimos en nuestro país.

Este planteamiento, más allá del delito al que hace referencia, manda una señal contundente, la FGR es incapaz de procurar justicia, por ello hay que hacer las cosas más fáciles porque no podemos ni podremos.

La FGR, como la institución federal encargada de investigar los delitos y procurar justicia, ha demostrado su incapacidad para perseguir todos los delitos que le tocan, no sólo el feminicidio, tan sólo recordemos que 2019 cerró como el año con la mayor tasa de homicidio doloso, de feminicidio, de trata de personas y de narcomenudeo; como el segundo peor año en materia de extorsión; el tercer peor año en violación; y como el octavo peor en materia de secuestro, delitos en donde la federación debería articularse con las instituciones locales para enfrentar la peor crisis de violencia del México moderno.

Es cierto, los criterios para que un homicidio doloso se pueda investigar como feminicidio son complejos, no obstante, la solución está en hacer crecer el número de MPs en el país para que las cargas de trabajo sean realistas y estén encaminadas a que cada uno de los delitos se investigue; a que la profesionalización de ellos desarrolle las competencias necesarias para que puedan implementar los protocolos en materia; para que existan un número suficiente de peritos bien capacitados, que cuenten con los insumos necesarios para coadyuvar en la investigación y que cada uno de los integrantes sea profesionalmente íntegro y conduzca la investigación centrado en la necesidad que como sociedad tenemos de atender a las víctimas y no a oscuros motivos personales o institucionales.

Ante esto la solución está en invertir en seguridad y justicia, exactamente lo opuesto a lo que el gobierno del presidente López ha hecho, entre 2018 y 2019 el total de recursos destinados a esta materia disminuyó un 10% llegando a ser apenas el 0.89% del PIB (Colombia por ejemplo gastó en el mismo periodo más del 5%), en particular el recorte en procuración de justicia fue del 27% y para este 2020 el recorte de recursos a la FGR es de 1,500 millones de pesos.

¡Es entendible que el fiscal busque convencer los diputados de Morena -del partido y de la mayoría que aprobó dichos recortes- que hagan más fácil perseguir delitos, pese a las posibles consecuencias de esta reforma, ya que dejan en condición de inoperatividad a las fiscalías y procuradurías!

Es importante decirlo, dicha propuesta va en el sentido opuesto a lo que el país necesita, genera incentivos negativos a más construcciones de capacidades y es una abierta falta de respeto a las víctimas directas e indirectas de este delito.

Desaparecer el tipo penal de feminicidio atenta contra un sistema de justicia democrático donde el respeto a los derechos de cada una de las personas de nuestra sociedad cuenta e inhibe el acceso a la verdad para las víctimas.

Además, con la derogación de este tipo penal se debilitan los sistemas de combate al fenómeno de la violencia en contra de la mujer, se incumple con tratados internacionales y pone en riesgo a por lo menos 50% de la población nacional.

La propuesta hecha por el fiscal general a los diputados de Morena exhibe un desinterés por las víctimas, esperemos que no sea así para dichos legisladores, de lo contrario, Morena y sus aliados en las cámaras sentarían un precedente muy negativo y se sumarían a los gobiernos que no han hecho nada para garantizar una vida libre de violencia en contra de las mujeres.