Tradicionalmente las y los integrantes del Poder Judicial no han contado con el aprecio de la gente, ya que la imagen de jueces y magistrados es en términos generales negativa ante la percepción de que nuestro sistema de impartición de justicia, además de lento y tortuoso, favorece a quienes tienen influencias o dinero.
La experiencia de quienes se ven en la necesidad de enfrentar un proceso judicial en pocas ocasiones resulta satisfactoria tal y como se refleja en prácticamente todos los estudios y encuestas que al efecto se han realizado, a lo que se suman los constantes señalamientos por actos de corrupción y enriquecimiento inexplicable, así como algunas decisiones polémicas que tampoco han contribuido a generar una impresión positiva de la ciudadanía.
Por señalar un par de datos, en el Índice de Estado de Derecho 2020 que cada año presenta la organización internacional World Justice Project (WJP), que entre otros factores mide la justicia civil y penal, nos ubicamos en el lugar 104 de 128 países con un puntaje de 0.44 -siendo el más alto Dinamarca con 0.90-, mientras que la encuesta 2018 de INEGI “Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia” los jueces obtienen un nivel de confianza bajo con 46.7% y en percepción sobre corrupción alcanza 68.4% únicamente superados por los policías de tránsito.
Sin embargo, afortunadamente siempre se pueden encontrar casos que renuevan la esperanza como es el caso de la sentencia de amparo emitida el pasado 9 de octubre por la Juez Sonia Hernández Orozco, titular del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Aguascalientes, cuyo contenido vale la pena referir tanto por el fondo como por la forma.
En julio de este año, el papá de una niña de siete años presentó una demanda de amparo indirecto contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en diversas ocasiones no le proporcionaron el medicamento mercaptopurina 50 mg que requería para su tratamiento oncológico por falta de disponibilidad -aunque el gobierno federal ha negado reiteradamente el problema de desabasto de medicamentos en instituciones públicas para atender el cáncer infantil-, por lo que la Juez determinó que con ello se trasgrede el derecho de acceso a la salud consagrado en el artículo 4º constitucional, “pues se ha puesto en un grave riesgo el estado de salud de la menor” y ordenó a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar que el tratamiento le sea suministrado de manera completa y oportuna.
Sin duda el sentido de la resolución judicial es relevante por sí mismo, pero también lo es la notificación en formato de lectura fácil para la niña afectada por lo que me permitiré compartir algunos párrafos:
“Hola pequeña, te escribe la Juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento, ya que les dicen que no las tienen…
Déjame platicarte, que uno de los muchos derechos con los que cuentas, es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas…
Además, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos…
Por eso, al darme cuenta que tu papá tiene razón al decir que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, han puesto en riesgo tu salud, dicté una sentencia en la que se les ordena, que vigilen que en la farmacia del hospital al que acudes, se tengan las medicinas que necesitas y que te den todas las facilidades para que puedas seguir con tu tratamiento.
Finalmente, debe saber que estaré al pendiente de que las autoridades cumplan con lo ordenado en la sentencia dictada a tu favor”.
Me parece que no hay mucho más que decir, pues el comunicado de la sentencia es más que elocuente y llena de emoción y aliento.