Desde el inicio de año por lo menos 23,724 personas han perdido la vida en hechos delictivos y feminicidios, lo que representa un crecimiento del 3.63% respecto al mismo periodo del año pasado.
Difícilmente el escenario actual coincide con las promesas políticas que el presidente López hizo en el periodo de campaña, que, una vez iniciado su mandato, la violencia habría de desaparecer.
A tan sólo 24 horas de haber tomado el cargo, el presidente insistía en su narrativa de que las cosas ya estaban mejorando por el simple hecho que él había tomado el cargo.
Discurso que repitió durante todo el mes y los siguientes tres meses. Sólo ante los cuestionamientos de la opinión pública, que llegaban de varios frentes y que sustentaban su crítica en los datos oficiales de incidencia delictiva, el presidente medio reculó y si bien mantuvo su discurso que señalaba como culpable a las pasadas administraciones, dio un tímido reconocimiento que las cosas aún no habían mejorado pero que pronto lo harían.
Primero comprometió resultados para el pasado junio, aparentemente convencido que 6 meses de gobierno eran un plazo suficiente para pacificar el país. Pocos días después cambió de nuevo de opinión y aplazó la fecha fatal en la que los mexicanos podremos sentir los efectos de la paz recuperada, para octubre.
A 5 días que se cumpla la fecha propuesta por el presidente para la recuperación de la seguridad en el país, nada apunta a que su promesa se pueda cumplir.
Además de los incrementos en homicidio doloso y feminicidio, en lo que va del año aumentaron secuestro, extorsión, robo con violencia, robo a negocio, violación, trata de personas y narcomenudeo, si comparados con el mismo periodo del año pasado.
Particularmente preocupante es que la tasa de extorsión haya crecido 34.73%; la de trata de personas 28.64%; la de narcomenudeo 20.43%; la de feminicidio 13.17%.
A estas alturas parece imparable que este año sea el de la mayor tragedia respecto a la violencia letal de la historia reciente de nuestro país.
El presidente le queda a deber al país tras casi 10 meses de gobierno: la incidencia delictiva y violencia sólo han empeorado, las instituciones de seguridad y justicia se encuentran más debilitadas y los instrumentos que deberían permitir entender si las cosas pueden mejorar y en qué tiempos, carecen de los mínimos para poderlos llamar estrategia de seguridad.
Fue un error desmantelar Policía Federal; fue un error recortar sin criterio en más de 10% los recursos en materia de seguridad para todo el país; fue un error repetir lo que tanto criticó a sus antecesores, militarizar la seguridad y sacudir el avispero combatiendo el robo de hidrocarburo sin estrategia ni recursos.
En particular estos últimos dos puntos resultaron en el aumento del secuestro en el país, del homicidio, de la extorsión, de los robos a transporte de carga, sin evidencia que el objetivo de frenar, el huachicoleo, se haya cumplido.
Definitivamente la seguridad es un reto complejo que nadie pensaba se podía resolver por decreto, lo que preocupa es la falta de un verdadero reconocimiento de urgencia para poder definir una ruta real de solución de problemas.
Las reuniones diarias no funcionan si carecen de contenido; los diagnósticos equivocados hacen imposible un plan de acción efectivo; los mensajes ambiguos o contradictorios acerca de qué quiere hacer el gobierno para combatir delitos y violencia impiden trazar una ruta, evaluar y eventualmente corregir las acciones de las autoridades.
El país requiere de un plan sustentado en evidencias para definir qué se necesita y cómo habremos de actuar. Luego, se requiere mucho más gasto en seguridad y mucha más supervisión para que éste se transforme en inversión.
La violencia no desaparece por decreto ni se minimizan sus efectos con discursos políticos, en 5 días se cumple el tercer plazo que se autoimpuso el presidente y la tercera promesa no cumplida en esta materia ¿Qué debe suceder para que empiece a ratificar y desarrollar un plan serio en la materia? No lo sé, pero por el bien de todos los que vivimos, transitan o visitan nuestro país espero sea pronto, si no quiere romper el récord del año más violento de la historia del país también en 2020.