La cancelación de apoyos federales a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), anunciada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador atenta contra el derecho a la libertad de asociación, así como contra los derechos de las OSC, establecidos en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
El artículo 9o de la Constitución federal es uno de los 22 que permanecen sin reforma desde su publicación en 1917. Se refiere al derecho que gozan las personas para asociarse, siempre y cuando lo hagan con un objeto lícito.
Este artículo constitucional es la base que da sustento y legalidad a las llamadas organizaciones de la sociedad civil, que han cobrado relevancia en la vida democrática nacional, en razón de que constituyen un vehículo para la participación ciudadana en los grandes temas de interés público, sin que sus integrantes formen parte del gobierno.
Una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define el derecho de libertad de asociación como “la posibilidad de que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea de libre elección”.
En las últimas tres décadas, las organizaciones de la sociedad civil han sido protagonistas relevantes en el proceso de democratización. Por ejemplo, el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., jugó un papel significativo en la impugnación de las elecciones federales de 1988, en las que al entonces secretario de Gobernación y actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, se le “cayó el sistema”.
En febrero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que reconoce su labor en ámbitos que van de la asistencia social, el apoyo a la alimentación popular, el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, hasta la promoción de la equidad de género, la atención a grupos sociales con discapacidad y la promoción y defensa de los derechos humanos.
La propia ley contempla como derechos de las OSC el “acceder a los apoyos y estímulos públicos” que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Cifras del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) señalan que hasta 2016 se tenía registro de 32 mil 115 organizaciones en el ámbito nacional y que en 2017 se crearon 2 mil 636 más. El Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil estimaba que en 2018 había más de 39 mil, lo que demuestra el interés de los ciudadanos por incidir en temas que otrora eran responsabilidad exclusiva del gobierno.
Organizaciones de la sociedad civil han sido las principales impulsoras en la búsqueda de personas desaparecidas, además de que han sido ellas mismas quienes se han dado a la tarea de hallar fosas clandestinas, tarea que corresponde al Estado. Las OSC han exhumado más de dos mil cuerpos entre 2006 y 2017 en el ámbito nacional.
En la Cuenta Pública 2017 se acepta que las OSC “han demostrado ser importantes aliadas en el ejercicio gubernamental, para dar respuesta a problemáticas sociales de gran trascendencia”.
Desde luego que algunas organizaciones de la sociedad civil resultan molestas a los gobiernos, pues sus investigaciones exhiben ineficiencias y corrupción. Está el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, A.C., que documentó —junto con Animal Político— la realización de contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, en la llamada Estafa Maestra.
Otro caso relevante es el de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., cuyo trabajo ha incidido en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, de la Ley General de Transparencia y de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Otras, sin embargo, se han beneficiado de su relación simbiótica con el poder, como es el caso de Alto al Secuestro, A.C., cuya titular ha sido exhibida en una potente investigación por parte de la periodista Guadalupe Lizárraga, quien ha documentado las contradicciones y falsedades en la desaparición del hijo de María Isabel Miranda Torres.
Algunas OSC dependen de recursos públicos para su subsistencia. Otras se financian con donativos de particulares y con los propios recursos que logran obtener por sus productos o servicios.
En la Cuenta Pública 2017 se informó que los apoyos gubernamentales a las OSC fueron superiores a los 4 mil 885 millones de pesos, repartidos entre 10 mil 382 organizaciones. Protección a derechos humanos y reparación de daño
Un caso significativo de una OSC que no recibe recursos públicos es el de Sociocracia, A.C., que desde su creación en octubre de 2018 ha dado acompañamiento a víctimas de delitos federales, negligencia médica, derechos laborales y ha impulsado la reparación del daño causado por elementos del Estado.
El 30 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 65/2018, dirigida al entonces Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, por negligencia médica contra Mitzi Ramírez, que provocó la muerte de su hija Mildred Espino Ramírez, en el Hospital General La Raza.
Esta recomendación se logró gracias al acompañamiento a las víctimas que brindó Sociocracia, A.C. También promovió una denuncia penal contra quienes resulten responsables, por el deceso de Mildred Espino Ramírez. Las indagatorias por parte de la autoridad ministerial continúan su curso.
La recomendación de la CNDH señala que las omisiones en que incurrió el IMSS —falta de personal médico, equipamiento e infraestructura— y violaciones a los derechos a la protección de la salud “forman parte de una problemática de carácter estructural en el funcionamiento del sistema de salud”. El trabajo de Sociocracia A.C., en este sentido, ha ido más allá del acompañamiento del caso de Mitzi Ramírez, pues exhibe las debilidades estructurales del Instituto Mexicano del Seguro Social en lo relativo a la atención médica que brinda a sus derechohabientes.
Reciban o no recursos públicos, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil han logrado cambios significativos en diversos aspectos del acontecer, como es la exhibición de casos de corrupción, la defensa de derechos humanos y la exigencia en la reparación de daños. Su actuar desmiente la concepción que López Obrador tiene de ellas al acusarlas de simular y de “estar haciendo análisis de la realidad, sin transformarla”.
Su obsesión por debilitarlas, lo que también ocurre con los órganos de autonomía constitucional como el INAI y el INE sólo demuestra su necesidad de tener el control absoluto del Estado por encima de la división de poderes y de la participación ciudadana, al tiempo que con los recursos públicos desarrolla clientelas acríticas que le brindan “legitimidad” a su perverso estilo de gobernar.